UPTA Andalucía insta al Gobierno Andaluz a que amplíe las actividades beneficiarias de las ayudas directas del Gobierno de España

Desde UPTA Andalucía, hemos remitido a la Junta de Andalucía y a la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del Parlamento de Andalucía un listado de CNAES para que, las actividades económicas más afectadas por la pandemia en nuestra comunidad no contenidas en el Real Decreto Ley 5/2021 de 12 de marzo, y en el marco del Real Decreto Ley 6/2021 de 20 de abril, sean incluidas en la convocatoria de ayudas que publicará. De este modo, un importante número de autónomos, empresas y profesionales que no estaban incluidos en los 95 CNAE iniciales que el Ministerio de Economía había propuesto, podrían acogerse al Plan de Rescate.

Nuestra organización a nivel nacional, lleva semanas trabajando en la propuesta, que, en estos momentos, ya ha sido recibida por muchos de los gobiernos autonómicos tales como el de la Región de Murcia, La Rioja, Asturias o Galicia. Hoy la recibe Andalucía.

Además, esta propuesta no solamente se ciñe a la ampliación de los CNAE, sino que también concierne a establecer diferentes tramos presupuestarios para diferentes porcentajes de pérdidas sufridas durante el año 2020 en comparación al 2019.

Inés Mazuela, secretaria general de UPTA Andalucía, ha indicado que «no podemos consentir que haya autónomos de primera y segunda clase. Las ayudas no pueden ser un elemento de discriminación y deben llegar a quien más lo necesita. Sería intolerable por parte de la Junta de Andalucía, que se concediese única y exclusivamente esta ayuda, por un riguroso orden de entrada de las solicitudes. Si se hace de esta manera, corremos el riesgo de que miles de actividades económicas, que tienen que gestionar un volumen de documentación mayor para solicitar esta ayuda, puedan quedarse sin ella. Si no somos capaces de establecer una tarificación de tramos de la asignación económica que para estas ayudas corresponde a Andalucía, muchos negocios se verán abocados a esta situación».

Si esta ayuda sólo se concediese por orden de entrada de cada petición, miles de profesionales no podrían acceder a ella, ya que muchos negocios deben hacer un contraste de la información fiscal, lo que supone un proceso más largo a la hora de realizar la solicitud. Por ello, es fundamental que se establezcan unos tramos presupuestarios que se determinen en función de la pérdida de facturación.

Estos tramos presupuestarios deben ir directamente relacionados con las pérdidas declaradas en el año 2020 con respecto al ejercicio de 2019, con lo que, a mayor pérdida, mayor ayuda se debe otorgar. En base a esto, consideramos que, el 50% de la asignación que le corresponde a Andalucía, que asciende a 1.109.244,34 €, tiene que ir destinado exclusivamente a aquellos autónomos, pequeñas empresas y profesionales que hayan perdido más del 50% de su facturación. A partir de aquí, con el 50% restante, la cuantía económica a conceder tiene que ir determinada por un tramo que vaya del 50% al 40% de pérdidas y por otro del 40% al 30% de minoración. Ambos tramos deberían ser otorgados con un 25% del presupuesto restante, cada uno. De este modo estaríamos garantizando que los autónomos y autónomas que hayan tenido pérdidas mayores que otros, no puedan quedarse sin ayuda por agotamiento de presupuesto.

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