Dos investigados por robo de cobre a gran escala lo niegan y los 13 restantes optan por no declarar

El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha acogido este martes las comparecencias de 15 de los 23 investigados por la organización desmantelada en 2022 por el robo de grandes cantidades de cable de cobre en Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha, toda vez que recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consideraba a esta red como “grupo criminal”.

Se trata de diez investigados de nacionalidad rumana y los cinco restantes de nacionalidad española, toda vez que a la hora de comparecer, 13 de ellos se habrían acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Sólo han accedido a declarar dos de los españoles investigados, manifestando a Europa Press su abogado, José Antonio Sires, del Bufete Sires Abogados, que ambos, hermanos además, han negado conocer a los ciudadanos rumanos principales investigados en la causa y que desconocían la procedencia del cobre que recibieron, aportando igualmente documentación diversa destinada a probar que no se habrían lucrado, negando así cualquier “enriquecimiento ilícito” o la recepción de dinero de “dudosa procedencia”. Así, han negado cualquier pertenencia al “grupo criminal” investigado.

Para el desmantelamiento de esta red, según informaba la Guardia Civil, fueron acometidos 16 registros en las localidades sevillanas de Guillena, Camas y Sevilla capital, siendo intervenidas 3,2 toneladas de cobre, 70.865 euros en metálico, múltiples herramientas específicas para el robo de este material, maquinaria especializada para el tratamiento del cobre, un escopeta del calibre 12 que se encontraba sustraída, 39 teléfonos móviles, ordenadores y joyas valorados en 109.000 euros, además de nueve vehículos y útiles para la comisión de los delitos.

ROBO DE COBRE: MÁS DE CIEN DELITOS

Los investigadores atribuyeron a esta organización un total de 103 delitos de robo cometidos por valor de 1,3 millones de euros, la mitad de este dinero en concepto de daños provocados en los robos.

Para la Guardia Civil, esta organización estaba “perfectamente estructurada y jerarquizada e integrada por distintos clanes o familias provenientes de países del Este”, que se dedicaban a cometer los robos mientras otro grupo regentaba desguaces o chatarrerías, donde compraban los efectos sustraídos, consiguiendo de esta manera “suculentos beneficios de los ilícitos”.

Tras los robos, los miembros de la organización encargados de la receptación del material sustraído compraban el cobre y lo introducían en el mercado legal a través de una empresa de recuperación de metales y residuos ubicada en la localidad de Guillena. Este grupo revendía el cobre robado a más del doble del precio que lo compraban, obteniendo “grandes beneficios” por ello, según la Guardia Civil.

LA ORGANIZACIÓN DE LA RED

Según un reciente auto del TSJA, las pesquisas han puesto de releieve “un grupo y subgrupos muy numeroso de personas asentadas en Sevilla capital y poblaciones cercanas, dedicados unos a perpetrar robos de cables de cobre, para después venderlos a otros subgrupos”.

“La mecánica comisiva”, según el Alto tribunal andaluz, “permite constatar de forma indiciaria el reparto de tareas delictivas tendentes a un mismo fin, actuando de manera concertada y coordinada en la comisión de cada uno de los actos delictivos”.

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