Visto para sentencia el juicio al exdecano de abogados por desobediencia en estado de alarma

El Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga ha dejado visto para sentencia el juicio al exdecano de la Abogacía malagueña Francisco Javier Lara por un delito de desobediencia en relación con un servicio de guardia a detenidos en mayo de 2020 durante el estado de alarma por COVID.

La Fiscalía le acusa de un delito de desobediencia, por el que solicita que se le imponga una multa de 12 meses, a 15 euros diarios; es decir, el pago de 5.400 euros. La defensa, por su parte, siempre ha defendido su inocencia y el exdecano ha negado “rotundamente” todas las acusaciones.

El ministerio público ha mantenido la acusación, en la que incide en que Lara actuó por “una decisión personal” e “incumplió” el requerimiento judicial para que acudieran letrados de oficio, lo que motivó la puesta en libertad de cuatro detenidos; además de señalar que tuvo una conducta “de obstrucción a la justicia”.

Tras terminar el juicio, Lara ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que sigue teniendo “la conciencia tranquila porque el colegio hizo lo que pensó que era lo mejor para la salud y la vida de los abogados” y entiende que ha quedado probado que “fue una decisión colegiada” y que “no hubo voluntad de incumplir nada”.

Además, el exdecano ha indicado que también considera que en las dos sesiones de la vista oral ha quedado demostrado por las testificales que “no hubo dejación de prestación del servicio”, ya que la comunicación era “constante entre el Juzgado Decano y el colegio”.

Los hechos sucedieron el 6 de mayo de dicho año cuando el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga llamó al Colegio de Abogados para informar de que había cuatro detenidos puestos a disposición judicial en el juzgado de guardia, para que acudieran abogados a prestar la asistencia letrada.

En esa llamada se informó de que desde ese día no se iba a prestar servicio presencial sino por videoconferencia, facilitándose un correo electrónico, pero no los nombres de los letrados de guardia, dice la acusación pública en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

La magistrada dictó una resolución instando al colegio a que diera los nombres de los abogados de guardia o les comunicaran que debían comparecer “a la mayor brevedad posible”, pero la Fiscalía dice que al no haber ido ningún letrado para asistir a los arrestados, “el juzgado puso en libertad a los cuatro detenidos”.

Posteriormente, se remitió un correo indicando que había recibido el requerimiento y “pese a su recepción, de modo consciente, y a sabiendas de su deber de cumplimiento”, el acusado, “actuando en virtud de una decisión personal, incumplió el requerimiento judicial, ya que no proporcionó al juzgado el nombre de los letrados de guardia y tampoco les comunicó que debían comparecer”, sostiene el fiscal.

DEFENSA

En la vista oral, el exdecano, que recibió el apoyo de muchos abogados, rechazó todos los extremos de la acusación pública y negó que tuviera voluntad de incumplir mandato judicial alguno, explicando que el colegio solo pretendía prestar la asistencia y “defender las medidas para garantizar nuestra salud”.

Negó que actuara movido por un interés personal ni de forma unilateral; “jamás he tomado una decisión por la junta de gobierno colegial”; y dijo que “de ninguna manera” tuvo una conducta obstructiva; sino que por parte del colegio se pidieron medidas para la asistencia con las garantías sanitarias, por vídeoconferencia, de forma que aunque fueran presenciales, no hubiera contacto físico.

“El Colegio de Abogados decidió que el bien jurídico a proteger era la salud, la vida de los letrados de Málaga”, aseguró Lara en el juicio, declarando que la junta de gobierno se reunía “todos los días” en ese momento e incidiendo en que tenían “muy claro que ese servicio constitucional se tenía que prestar”.

Hizo hincapié en el momento de “histeria colectiva” y el ambiente de “incertidumbre y angustia generalizada” de mayo de 2020 debido al coronavirus e incidió en que ese día se contestó al requerimiento de la jueza trasladándole el protocolo de actuación, además de que todos los abogados que estaban de guardia estaban informados de lo que pasaba a través de un chat.

Explicó que ningún juzgado pedía un listado de los letrados de guardia, como hizo este, “por eso ya nos sorprendió”; y que muchas veces para que no hubiera un contacto directo, el magistrado dejaba su despacho para las entrevistas con los detenidos, aunque dijo que en esa guardia desde el entorno del juzgado les llegó lo contrario.

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