El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la convocatoria de subvenciones, por parte de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, para entidades locales afectadas por catástrofes naturales destinadas a paliar los daños causados en infraestructuras y servicios públicos. El plazo para solicitar estas ayudas de hasta 120.000 euros está abierto hasta el 19 de junio.
Los ayuntamientos podrán destinar estos fondos a reparar daños provocados por temporales, inundaciones, lluvias torrenciales o seísmos ocurridos entre el 1 de enero de 2021 y el 12 de junio de 2022. El presupuesto de la Junta de Andalucía de 2022 contempla una partida de más de 4 millones de euros para estas subvenciones, de los que se ha desplegado un crédito inicial de 3 millones en la convocatoria publicada en el BOJA el pasado 20 de abril.
Los municipios y entidades locales autónomas que resulten beneficiarios podrán destinar estos recursos a reparar redes de abastecimiento y depuración de agua, así como de alumbrado público, pavimentar vías urbanas dañadas, limpiar lodos, arreglar desperfectos en centros escolares, ambulatorios, edificios administrativos donde se prestan servicios públicos, cementerios y parques y jardines, entre otros.
Además, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del inicio de la baremación de las solicitudes recibidas para acceder a las ayudas de esta misma consejería destinadas a mejorar infraestructuras y servicios públicos dirigidas a municipios de menos de 20.000 habitantes con problemas de despoblación, una vez terminado el plazo el pasado 6 de mayo.
Esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros con la siguiente distribución provincial: Almería 398.374 euros, Cádiz 162.602 euros, Córdoba 300.813 euros, Granada 699.187 euros, Huelva 300.813 euros, Jaén 406.504 euros, Málaga 361.789 euros y Sevilla 269.918 euros. La cuantía máxima a percibir por municipio es de 30.000 euros.
Las bases reguladoras de estas ayudas prevén que se valorarán con hasta 20 puntos criterios objetivos que indiquen que un municipio sufre un retroceso demográfico como la densidad de población, el crecimiento demográfico y vegetativo de los últimos diez años o el índice de envejecimiento, además de los baremos habituales en este tipo de convocatorias como la tasa de paro (hasta 25 puntos), el número de habitantes (también hasta un máximo de 25 puntos), los ingresos de la entidad local (con un máximo de 15 puntos) y que el municipio no haya sido beneficiario de ayudas similares (otros 15 puntos).
