Tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, previo pacto de legislatura firmado con los herederos del terrorismo, con los justificadores de los asesinatos, con el partido de quienes ponían bombas lapa y pegaban tiros en la nuca hasta hace una década; el Congreso de los Diputados ha vuelto esta semana a vivir otro momento vomitivo de la no menos repugnante legislatura actual: la aprobación de la llamada Ley Celaá, ya conocida también como Ley Rufián.
Cuatro son los elementos que convierten a esta ley en anticonstitucional y atentatoria contra las libertades y los derechos de las personas. El primero y más importante, por cuanto afecta a los derechos de todos los padres, sean cuales sean sus ideas y sus inclinaciones educativas, es la supresión de la libertad para poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, impidiendo la libre elección de un centro concertado, a no ser que sea éste el más próximo al domicilio del alumno.
No es algo nuevo. Ya en los 80, aquel PSOE que le daba mil vueltas en cultura democrática a éste, también fijó sus ojos en la educación religiosa, entonces privada, conformando el engendro éste de la concertada, atacando como siempre a la libertad de educación religiosa; algo que era una alternativa, una opción de los padres, ni mucho menos una obligación.
Ero es que medio siglo antes, de nuevo con las izquierdas como protagonistas, había sucedido lo mismo pero elevado a la máxima potencia, llegando a prohibir la relación entre educación y congregaciones religiosas, en un claro ejemplo de lo molesta que resulta la libertad de elección para estos partidos. El enfermizo totalitarismo de Celaá, plasmado en aquella célebre frase de “los hijos no son de sus padres”, queda plasmado en esta ley, que caerá como una losa en la educación de generaciones venideras.
El segundo elemento es el ataque a los centros de educación especial, que ha provocado la reacción de toda la comunidad de padres de niños con discapacidad, que no alcanzan a entender el ataque a un sistema educativo y de atención absolutamente necesario para la integración de sus hijos, a los que este gobierno manda tratar sin atención a sus particularidades.
En tercer lugar, la supresión del castellano como lengua vehicular, en una muestra más de que lo que a este gobierno de verdad le molesta es todo lo que represente a España, aunque ello suponga llevarse por delante el derecho de los españoles de Cataluña a estudiar en su lengua madre.
Y para el final me dejo ese vomitivo, ese miserable engendro del sistema evaluativo, en un paso más para la fabricación de analfabetos en serie, que ya ensayó el PSOE en anteriores etapas de gobierno, desmontando el sistema de méritos para poder pasar de curso. Con esa obsersión por la ignorancia, no es extraño que hayamos tenido como presidenta de la Junta de Andalucía a una señora con suficiente analfabetismo histórico como para afirmar en sede parlamentaria que Vox es heredero del franquismo; por supuesto, sin aportar ni una sola medida o postulado ideológico franquista de tal partido, pero quedándose más ancha que su propia ignorancia, por cierto, una semana después de que su partido hubiera pactado presupuestos y legislatura, no ya con los herederos de ETA, sino con el partido que alberga a no pocos criminales etarras.
