El vicepresidente de la Junta Juan Marín no garantiza la ‘ayuda a Abengoa’

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha manifestado sobre la posibilidad de que Abengoa se vaya a Valencia que se trata de «una decisión empresarial, no es una decisión política». En este sentido, ha indicado que desde el Gobierno andaluz se le ha mostrado la «voluntad de poder posibilitar ese convenio en el que se pide una ayuda de 20 millones de euros, pero desde el respeto a todo lo que tiene que ver con la concesión de ayuda y con el régimen jurídico que en este caso establece el marco», porque «si no hay seguridad jurídica la Junta no puede establecer ayudas».

A pregunta de los periodistas, Marín ha explicado que «no se pueden ofrecer ayudas cuando hay informes de Intervención General de la Junta o de los Servicios Jurídicos que dicen que esas ayudas no son viables y que tienen que tener un marco legal superior, que en este caso tiene que ser un rango de Ley».

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«Para eso hay que llevar al Parlamento una proposición de Ley que todas las fuerzas políticas por lectura única pudieran aprobar, y si no es así pues lógicamente no podríamos intervenir», ha señalado.

Marín ha insistido en que «la decisión es empresarial» y ha aseverado que «el Gobierno se ha enterado por la prensa». «Que hay voluntad del Gobierno valenciano de establecer negociaciones con Abengoa también lo conocíamos, pero a nosotros no se nos ha informado nada por parte de la dirección de la empresa, salvo esa necesidad de financiación», ha afirmado Marín, que ha añadido que «de todas formas, el problema de Abengoa no son 20 millones de euros, son 540 millones, y ahí son otras administraciones, la Administración General del Estado, también la que tiene que participar, y hasta el momento no se ha movido ninguna ficha».

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En cuanto a la posibilidad de que los minoristas puedan paralizar la operación, el vicepresidente de la Junta ha dicho que podría ser, aunque «eso está dentro del marco de la entidad».

«Nosotros como Administración lo que podemos ayudar, pero no queremos que se vuelva a producir un caso Isofotón en Andalucía, ya con uno tenemos bastante, que son 80 millones que están en estos momentos en los tribunales y probablemente haya que derivar responsabilidades. Si no hay seguridad jurídica, la Junta no puede establecer estas ayudas», ha concluido.

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