El delegado de Fomento, Antonio Granados, inicia una ronda de contactos sobre la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio

El Gobierno andaluz luchará para aprobar esta norma cuanto antes para reactivar la economía, crear empleo y desarrollar municipios.

El delegado de Fomento, Antonio Granados, ha iniciado una ronda de contactos con representantes del Colegio de Arquitectos Técnicos, del Colegio de Ingenieros Superiores y Técnicos, así como de la Asociación de Constructores y Promotores a los que ha informado y desgranar el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, LISTA, que permita su rápida tramitación y aprobación por el Parlamento.

El delegado territorial, en la misma línea que lo hizo en días pasados la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha subrayado la importancia de aprobar cuanto antes una ley cuya tramitación se ha visto retrasada por la aprobación de la enmienda a la totalidad presentada por Adelante Andalucía respaldada con los votos del PSOE y la abstención de VOX, y ha insistido en que el Gobierno andaluz va a intentar sacar adelante cuanto antes la norma.

La aprobación de la enmienda a la totalidad del texto no ha permitido iniciar el trámite parlamentario para el debate y enriquecimiento del proyecto de ley “bloqueando la ley y frenando el desarrollo económico de los andaluces”, informó Granados, destacando que “el retraso en su tramitación perjudica a todos los granadinos, a todos andaluces”. Durante el encuentro aseguró a los asistentes que “el Gobierno no va a cejar en su empeño de sacar adelante esta norma que tanto bien puede traer a Andalucía”.

Granados ha indicado que en la provincia de Granada sólo hay 28 planes generales adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), lo que supone el 23% del total de municipios granadinos, 174. “El resto de municipios no tiene su plan general aprobado, de ahí la necesidad de que se apruebe una ley que aporta seguridad jurídica, además de simplificar la normativa, aclararla y hacer que el Urbanismo sean entendible y sencillo”. “Este proyecto de ley lo demandan desde hace años muchos colectivos, desde los promotores y constructores, hasta los colegios profesionales y los ayuntamientos, que están enfrascados en una maraña legislativa de la que no pueden salir”, ha denunciado el delegado.

En referencia a las leyes que regulan el suelo en Andalucía, el delegado recordó que la actual Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loua), tiene casi 18 años de antigüedad, y la Ley de Ordenación del Territorio (Lota) es del año 1994, por lo que entiende necesario debatir sobre dicho cambio normativo. Granados destacó que la ley facilitaría el desarrollo de los municipios, ya que los ayuntamientos que quieren aprobar sus planes tardan actualmente entre ocho y diez años.

En materia de disciplina urbanística esta ley “es una oportunidad porque aclara las competencias entre los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, recoge el decreto ley 3/2019 y crea el cuerpo de subinspectores” lo que ayudará a luchar contra la proliferación de viviendas irregulares desde su inicio. “De nada vale aprobar un decreto para plantear soluciones a las viviendas irregulares que llevaban décadas en un limbo jurídico si dejamos proliferar este tipo de edificaciones. La mejor medida para prevenir es detectar cuanto antes que se está levantando una edificación ilegal y tomar las medidas necesarias en ese momento, al inicio, no tener que precintar o demoler edificaciones con posterioridad”, ha manifestado.

Granados ha destacado la importancia de contar con la colaboración de los municipios, que tienen competencias en materia de disciplina urbanística y son los que pueden detectar más rápido una edificación ilegal, y por otra por incrementar las inspecciones, potenciando las medidas preventivas frente a las represivas. En dos años se han duplicado el número de expedientes tramitados. Frente a los 557 en 2018, último año de la legislatura anterior, en 2019 tramitamos 965 expedientes, un 73 por ciento más y en 2020, a pesar de la pandemia, llegamos a 1.087, lo que supone un incremento del 12 por ciento respecto 2019 y un 95 por ciento más si se compara con 2018. En este año 2021 son ya 575 actuaciones en apenas cinco meses, lo que hace prever que en 2021 seguiremos con esa tendencia alcista en el número de inspecciones.

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