El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no para de cuadrar sus cuentas. Ahora, la UE recomienda alargar la fecha de jubilación. La reforma de las pensiones supondrá una factura de más de diez mil millones de euros si se cumplen las previsiones del incremento precios para 2022. Si a esto le sumamos que la moderación salarial que pide Gobierno y empresarios ensancharía el déficit al limitar el aumento de ingresos por cotizaciones, la tormenta perfecta se cierne sobre los mas de diez millones de pensionistas españoles. Y así, el propio comisario de Asuntos Económicos de la U.E. Paolo Gentiloni, dirigiéndose especialmente al gobierno español recomienda “no acometer gastos que se vuelvan permanentes”, señalando subliminalmente a nuestro sistema de pensiones.
La sostenibilidad de las pensiones obliga a recalcular sus costes, hasta los sindicatos mayoritarios están de acuerdo en ello, y dejan en el vacío la reciente reforma del sistema por las que las prestaciones se revalorizan con el IPC. Aunque el gobierno pretenda utilizar el comodín de la “inflación subyacente” para rebajar, de forma importante, el importe de la factura prestacional.
Así las cosas, desde inicio de año, el gobierno de Sánchez indexó la inflación a las pensiones, de tal suerte que estas no perdieran su poder adquisitivo respecto al IPC, pero el imparable aumento de materias primas, y toda su escala de productos, va a dar al traste con esta medida.
El ministro de Seguridad Social no contaba con ese aumento, y no quiso incrementar la partida de las pensiones con la cantidad citada, por el impacto de la crisis en la principal partida de gasto del Estado: los 171.772 millones de euros de los que el 93% se van en prestaciones contributivas.
Desde hace décadas ningún gobierno ha sido capaz de fijar criterios económicos serios a un tema tan sensible como el de las pensiones. Les han podido sus objetivos cortoplacistas electorales, y “de esos polvos, estos lodos”. No nos han gobernado para las generaciones futuras, y estas se encuentran actualmente en condiciones inalcanzables de una pensión digna: carreras laborales cortas y cotizaciones bajas. Con esas premisas es fácil adivinar que, como ya escribía en este mismo diario hace años, y titulaba “la generación perdida” se cumpla tal maleficio.
La inflación es el cáncer silencioso de la economía que destruye empleos, ahorros y patrimonio. Es un ladrón que roba impunemente a todos, pero especialmente a los menos pudientes y necesitados; y nuestro país se encamina a ser de las mas altas de la zona euro con lo que ello supone.
El “Pacto de Toledo” (1995), al que se sumaron todas las fuerzas sociopolíticas y económicas del país, firmaron el llamado “factor de sostenibilidad” del Sistema de las pensiones Públicas para asociar las pensiones al IPC. Pues bien, este factor quedará en papel mojado por las exigencias presupuestarias e imposiciones comunitarias. Bien es cierto, que ese Pacto hace casi imposible la quiebra del Sistema por lo “versátil” del mismo.
España deberá ir compaginando sus pensiones con la realidad social-económica actual, que por triste que sea se compone de casi un 120% de deuda de su PIB (es como si cada español debiera 32000€ ), una población envejecida y accediendo al Sistema la generación del “baby boom”, salarios bajos y pensiones altas en relación a las retribuciones actuales, tasas de reposición (relación de ingresos de trabajador activo con su pensión) del 90% para los jubilados españoles, frente al 50-70% de países del entorno, creación de empleo neto productivo negativo (se crean 350000 puestos públicos, y se destruyen 60000 en sector privado, las que realmente generan riqueza). Frente a ello, se nos receta suprimir gasto superfluo, que ese país tiene mucho; control del gasto, reemplazo generacional, y salarios competitivos. Ese es el reto del ministro Escrivá, del que afortunadamente estamos acostumbrados verle cambiar sus posicionamientos políticos con la praxis de los hechos. Realidad del dato frente al relato.
Ignacio Pozo
*CEO jurídico
