El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Cádiz, José María González, han alcanzado hoy un acuerdo que permite elevar al 100% la edificabilidad de los terrenos de los antiguos depósitos de Tabacalera cedidos por el ayuntamiento para la futura Ciudad de la Justicia hasta casi 40.000 m². Para ello, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en su próxima sesión de octubre, aprobará una aclaración del PGOU.
Nieto ha agradecido al regidor su “actitud colaborativa” y “celeridad” para abordar la mejor solución para garantizar que el proyecto “no se paralice ni se produzcan retrasos” y que “trabajamos con la certeza de que el proyecto va a tener los metros que requiere” para albergar todos los órganos judiciales de Cádiz, salvo la Audiencia Provincial que se quedará en su ubicación actual como se acordó en el momento de la cesión de los terrenos. Eso sí, ha abogado por garantizar la conectividad por vía telemática entre ambas sedes.
El consejero ha explicado que la cesión del suelo en los antiguos depósitos de Tabacalera “tenía un pequeño matiz” por el que, en base a la calificación de los terrenos, el “límite a la edificabilidad del edificio de nueva construcción que se levantará en ese solar es del 49% y eso suponía una limitación que se ha tratado de solventar por parte de los técnicos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, siempre a favor del proyecto y desde la colaboración leal de las dos instituciones”.
El avance del proyecto básico recibido “hace unos días” por la Consejería de Justicia estimó que era más conveniente un mayor número de metros de los inicialmente aportados de acuerdo con el documento de cesión. “Los técnicos municipales y de la consejería analizaron las propuestas que podían incrementar los metros, pero no queríamos que el proyecto tuviera ninguna incertidumbre y eso es lo que hemos trasladado al alcalde y hemos recibido de nuevo la actitud colaborativa del Ayuntamiento y hemos acordado una solución que creemos que es positiva para el Ayuntamiento, la ciudad y la Junta de Andalucía”. Dicho acuerdo consiste en solicitar al Pleno municipal una interpretación del PGOU que, en base a la “peculiaridad e importancia del proyecto” dote a los terrenos de una calificación que permita el 100% de edificabilidad llegando así a un mínimo de 40.000 m² “que permita que Cádiz tenga la Ciudad de la Justicia que se merece, que lleva tanto tiempo esperando y que la podamos ejecutar en las mejores condiciones posibles”.
Según ha explicado, “esa solución está recogida en las normas urbanísticas PGOU” y es la que “deja menos incertidumbre y la que también comparte alcalde y los servicios técnicos municipales”. De los casi 40.000 m² que se alcanzarán gracias a esta fórmula, unos 35.000 se destinarán al proyecto actual para albergar todos los órganos judiciales de Cádiz y otros 5.000 se dejarán reservados “para futuras ampliaciones de forma que Cádiz tendría resuelto para décadas sus problemas de sedes judiciales”.
“El consenso va a ser el principal aliado de este proyecto que cada vez es más solido, más real”, ha defendido Nieto, quien ha incidido en la importancia del diálogo ya que “el acuerdo es la consecuencia” del mismo. Por ello, ha anunciado la creación de una Comisión mixta con técnicos de la consejería y el consistorio para el seguimiento y análisis del proyecto ante el que instó a los operadores jurídicos, con los que el consejero se ha reunido hoy también en Cádiz, a hacerlo suyo para mejorar y “conseguir que cumpla las expectativas”.
La “máxima velocidad posible”
Para el responsable de Justicia, Administración Local y Función Pública, la “principal preocupación es que este proyecto tenga la velocidad máxima, cumpliendo la legalidad, y que en 2023 recojamos en los Presupuestos de la Junta, como me ha pedido el alcalde, una partida para que cuanto antes podamos licitar la obra, con un coste cercano a los 60 millones de euros, que resuelva los problemas de sedes y servicios judiciales en la ciudad de Cádiz y en gran parte de la provincia”.
El próximo noviembre expira el plazo de 9 meses previsto para redactar el proyecto básico, con un presupuesto de casi 500.000 euros, tras lo cual la previsión es incluir en los Presupuesto de 2023 una partida para el proyecto final en base al cual se sacará la obra a licitación para empezar los trabajos lo antes posible. No obstante, Nieto ha hecho hincapié en la importancia de esta reunión y de la solución acordada para dar seguridad jurídica y eliminar incertidumbres ya que este “es el momento más importante porque es cuando se define el contenido y el continente del proyecto”, que incluye la rehabilitación de naves existentes y la construcción de un nuevo edificio.
Nieto ha querido dejar claro que “el proceso no se para en ningún momento, de hecho está reunión se produce porque no queremos que se pare y ante la duda hemos analizado distintas soluciones y esta es la que resuelve de manera más eficaz” las necesidades ya que “los metros de edificabilidad ya previstos en PGOU para uso dotacional son suficientes” y esta aclaración del Pleno municipal da “tranquilidad” y seguridad jurídica a la Consejería de Justicia para trabajar.
