La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación por supuestas irregularidades en la gestión de la empresa de aparcamientos de la capital malagueña, Smassa; en concreto relacionadas con las obras del parking de calle Pío Baroja, que fueron denunciadas por los grupos municipales del PSOE y de Unidas Podemos en Málaga capital. Se investiga si lo denunciado sería un delito de prevaricación administrativa.
El ministerio público ha llevado a cabo este trámite ante las denuncias presentadas por ambos grupos, en concreto, respecto a supuestas irregularidades relativas al contrato y obras de ese aparcamiento de la zona de El Palo. Según han apuntado a Europa Press fuentes judiciales, se acuerda, como primeras diligencias, solicitar documentación.
Según el documento remitido a los denunciantes por la Fiscalía, se inician estas diligencias por si los hechos denunciados “constituyen un delito de prevaricación administrativa derivado de presuntas irregularidades referidas al contrato y obras en dicho estacionamiento que se imputan al gerente” de Smassa, sociedad a la que se pide el expediente de contratación relativo al aparcamiento.
Las denuncias fueron presentadas después de que la que fuera jefa del Departamento de la Oficina Técnica de la sociedad Trinidad Rodríguez compareciera en el pleno municipal y hablara de situaciones supuestamente anómalas relacionadas con dicho aparcamiento. Así, la Fiscalía también pide al secretario municipal copia del acta del pleno en el compareció esta exresponsable.
La exjefa de la sociedad, participada en un 51% por el Ayuntamiento, aludió a un posible “acoso y presiones” por parte de la Gerencia de la sociedad para que llevara a cabo acciones relacionadas con la construcción de dicho aparcamiento que a su entender suponían graves “irregularidades”.
Ambas denuncias apuntaban a presuntas irregularidades en la licitación y adjudicación de contratos por parte de la empresa, en concreto sobre el aparcamiento de Pio Baroja; y también a las supuestas “presiones y el acoso” a Rodríguez, haciéndose eco de una carta de esta y de sus palabras en el pleno, donde aseguró que se negó a “cruzar determinadas líneas rojas” porque “lo que le estaban obligando a hacer la llevaba a la cárcel”.
Asimismo, los escritos de denuncia apuntaban a la existencia de informes de asesorías externas que expresaban las dudas sobre el expediente, algo de lo que la Gerencia supuestamente tenía conocimiento, a pesar de lo cual se habría dado orden de continuar con el procedimiento. Además, señalaban que se habría ocultado información relevante al consejo de administración.
En la denuncia del PSOE se apuntaba a la posible “derivación económica y con grave perjuicio al erario público, habiendo incluso condonado cantidades económicas en torno al millón de euros a la empresa adjudicataria”.
Según la denuncia de Unidas Podemos, supuestamente “desde el inicio del contrato, su licitación, concurso, adjudicación y ejecución de obras han estado plagados de presuntas irregularidades”, poniendo el foco en las relacionadas con los importes gastados en la promoción de dicho aparcamiento y lo previsto invertir este año y en 2023; así como, sobre todo, en la previsión de financiación.
