La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este lunes al que fuera presidente durante 17 años del patronato de la Fundación Vera Cruz y al que el Ministerio Fiscal le reclama hasta siete años de cárcel por supuestamente haber causado un perjuicio a la entidad que representaba tasado en 775.000 euros.
No se sentará solo en el banquillo, le acompañarán su esposa y sus dos hijas, a las que el Ministerio Público también reclama penas que van desde los cinco a los dos años de cárcel por delitos calificados de estafa y fraude a la Seguridad Social.
Fiscalía recoge en su escrito de calificación al que ha accedido Europa Press que la Fundación Vera Cruz se constituyó en 1999 y como entidad es titular del Colegio Miguel Castillejo, en Jaén capital.
El acusado, como presidente de la Fundación, estaba facultado para la contratación de personal, servicios y suministros.
Señala el Ministerio Público que, desde el año 2008, “llevó a cabo una deliberada y anómala gestión de los ingresos de los que se nutría la Fundación y sus entidades dependientes” hasta el punto de ocasionar un “grave perjuicio económico para la fundación y sus entidades dependientes”.
Para argumentar el perjuicio causado, Fiscalía detalla que en las aulas del colegio se desarrollaban por las tardes las clases del Centro de Estudios Militares de preparación de oposiciones. El periodo lectivo iba de septiembre a junio pagando cada alumno una matrícula de 60 euros y mensualmente 130 euros. Además, cada alumno pagaba 80 euros para material.
La mayor parte del dinero era recaudado en metálico. Entre el curso 2008/09 y el curso 2017/18, de acuerdo con los alumnos existentes en ese periodo, el acusado no ingresó en el banco ni entregó a ningún administrativo para su ingreso la cantidad de 76.162,05 euros.
El acusado estaba autorizado para el uso de tres tarjetas bancarias asociadas a cuentas corrientes del Colegio Monseñor Miguel Castillejo en las que se hicieron cargos sin justificar de casi 11.000 euros, la mayoría por pagos en restaurantes y hoteles.
El colegio también ofrecía a su alumnado la posibilidad de
recibir clases de inglés extra escolares para lo cual contrató a una academia entre el año 2013 y 2018. De acuerdo con los alumnos matriculados en esos años el acusado, según recoge el Ministerio Fiscal, no ingresó ni entregó a ningún administrativo para su ingreso la cantidad de 11.867,50 euros.
Tampoco aparecen los ingresos que el colegio Veracruz recibía por comisiones de los uniformes. Así, entre el año 2013 y 2018 no consta que el acusado ingresara 19.100,10 euros en concepto de uniformes
y publicidad. Igualmente, no constan los 61.305 euros que el colegio debía haber recibido entre 2011 y 2018 a través de las cuotas de los alumnos de infantil.
Por otro lado, la Fiscalía señala que el acusado, aprovechando su condición de gerente, a sabiendas de que su esposa no trabajaba para la Fundación ni en el colegio, “elaboró para ésta dos contratos de trabajo como jefa de administración encadenados de octubre de 2001 a junio de 2018”. El perjuicio económico causado a la Fundación en estos años es de 520.767,37 euros.
Del mismo modo, el acusado, siempre según el escrito de Fiscalía, generó todos los documentos para que su esposa pudiera cobrar en su día pensión de jubilación, cosa que hizo desde junio de 2018 hasta el octubre de 2020, que se suspendió una vez descubiertas las presuntas irregularidades.
Igualmente, aprovechando esta condición de gerente y que su hija sí que estaba contratada en el colegio con distintos contratos entre el año 2008 y 2018, “con ánimo de favorecer ilícitamente a su hija, alteró el contenido del mismo para aumentarle las horas de trabajo a siete diarias” cuando solo trabajaba menos de tres horas al día como monitora del aula matinal, lo que generó un perjuicio a la Fundación de 73.123,09 euros.
Con el mismo ánimo, aprovechando que su otra hija había sido contratada para sustituir una baja por maternidad, alteró el contrato de monitora del aula matinal del mismo modo, incrementando las horas por las que cobraba.
Fiscalía estima que el perjuicio económico causado por el acusado a las arcas de la Seguridad Social es de 43.767,07 euros, mientras que el causado a la Fundación por su gestión desleal es de 775.685,03 euros. Asimismo, se establece que la esposa del acusado cobró un salario mensual por “un trabajo que no realizaba y consintió la elaboración fraudulenta de sus contratos de trabajo”. El perjuicio económico a la Fundación es de 520.767,37 euros en lo que respecta a la esposa, que también tiene la condición de acusada en esta causa, al igual que sus dos hijas. El juicio está previsto que se desarrolle durante toda la semana en la sala de vistas de la Audiencia de Jaén.
