El PP dice que Muñoz es el “máximo responsable” del brote de Magrudis y le reclama “explicaciones”

Ante el auto de apertura de juicio oral emitido por el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla por el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria; un auto dirigido contra seis personas entre las que figuran los empresarios y una veterinaria municipal y en el que se le reclama al Consistorio una fianza de cinco millones de euros como responsable civil subsidiario; el PP ha asegurado que el alcalde, el socialista Antonio Muñoz, es el “máximo responsable” del asunto.

El portavoz del Grupo Popular, Juan de la Rosa, ha evaluado en un comunicado este auto de apertura de juicio oral dirigido contra José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, como responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario; el arquitecto técnico Sergio L.G. y María José Ojeda, inspectora veterinaria municipal.

La causa gira, principalmente, en torno a un delito contra la salud pública en concurso con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave.

A tal efecto, recordemos que en su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, el juzgado determinaba que “la propagación del brote se debió a la poca transparencia de Magrudis, no comunicando los tipos de productos elaborados, tipo de productos distribuidos y lotes de cada uno de ellos”, considerando que los administradores de la entidad “si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y de la probabilidad de que el producto, una vez en el mercado, podía causar daños en la salud de los consumidores” dada su contaminación por listeria.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DEL AYUNTAMIENTO
La jueza consideró además que el Ayuntamiento de Sevilla “debe responder en calidad de responsable civil” porque habría llevado a cabo “una actuación deficitaria y anormal del servicio público que se debe prestar por parte” de dicho Consistorio, señalando que la veterinaria municipal que inspeccionó las instalaciones de Magrudis “puntuó a la baja y omitió algunas puntuaciones, sin recoger muestras de productos, ni comprobar las superficies”, entre otros aspectos.

Ello, según la jueza, “a pesar de estar obligada a evaluar todos los apartados del sistema de puntuación, valorando el riesgo potencial, el nivel de cumplimiento, la confianza en la gestión, sistema de autocontrol e historial de la empresa”.

En este contexto, De la Rosa ha avisado de que “el gobierno municipal del PSOE es el responsable directo del caso Magrudis, al eludir su responsabilidad”; con lo que “el alcalde, Antonio Muñoz, tendrá que dar muchas explicaciones ya que fue edil de Urbanismo y Medio Ambiente durante siete años, por lo que es el máximo responsable” de los hechos.

EL PRECINTO DE MAGRUDIS Y EL ACCESO A LA NAVE
De la Rosa ha señalado que a los inspectores de la Junta de Andalucía, administración gobernada por su partido, no les fue “facilitado el acceso a las instalaciones de Magrudis”, precintadas a cuenta del brote y la investigación del caso, extremo que ha atribuido al Gobierno local del PSOE “algo tendría que ocultar, su propia inoperancia, por ejemplo”, pesando entonces un cruce de acusaciones entre el Gobierno local del PSOE y el autonómico, del PP, sobre las responsabilidades del asunto.

Según el edil del PP, “el gobierno municipal no está capacitado para gestionar y el papel del Ayuntamiento en este caso está marcado por estrepitosos fallos y una dejación de funciones por la incompetencia del PSOE”, al que ha culpado de “la falta de recursos humanos y materiales de los servicios municipales de Protección Ambiental y Salud y Consumo”, cuyos trabajadores “están desbordados y en muchos casos no pueden dar respuesta al volumen de trabajo”.

Según ha defendido De la Rosa, “el juzgado da la razón al PP en sus denuncias sobre el agujero en control alimentario que evidenció el caso Magrudis”, esgrimiendo las críticas del PP por “la falta de control y fiscalización en el servicio de control alimentario, así como los clamorosos fallos de inspección por parte del Ayuntamiento, algo que se sigue evidenciando porque el gobierno municipal no ha hecho, todavía, nada efectivo para solucionarlo”.

“Han sido muchos los incumplimientos normativos que Magrudis ha cometido ante la pasividad del gobierno municipal del PSOE, que estuvo tres años sin detectar la ausencia de licencia de actividad de esta empresa”, ha avisado De la Rosa.

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