El que fuera alcalde de Linares (Jaén) Juan Fernández está llamado este martes a volver a sentarse en el banquillo como presunto cooperador necesario de un delito de apropiación indebida. Se trata de un procedimiento en el que el PSOE como denunciante ya se ha retirado de la acusación y en el que el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento y archivo.
La causa para la que ahora se ha fijado la celebración de juicio responde a la segunda parte de la querella interpuesta en octubre de 2018 por el PSOE contra los exmilitantes Juan Fernández y Juan Sánchez, exsecretario de Organización del PSOE local de la agrupación. La investigación interna de este caso ya propició en agosto de 2018 la expulsión del PSOE tanto de Fernández como de Sánchez.
Por la primera parte de esta querella, la Audiencia de Jaén, en virtud de un veredicto de jurado, condenó en marzo de este año a Juan Fernández a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación de caudales públicos. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado parcialmente el recurso de Fernández y ha rebajado la condena a tres años de prisión y a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Entonces se le condenó por considerar probado que Fernández, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, entre julio de 2011 y noviembre de 2017, al margen de su sueldo como alcalde, “se apropió, sin estar legalmente autorizado y sin conocimiento ni consentimiento del Grupo socialista, y para su propio beneficio de una cantidad mensual de 1.700 euros” en metálico mediante cheques al portador, lo que equivale a 125.377 euros.
Para este martes, a las 10,00 horas, en la sala de vistas del Penal número 2 de Jaén está previsto que se vea la segunda parte de la querella original interpuesta por el PSOE. En esta causa Fernández aparece como acusado junto con el que fuera secretario de organización del PSOE de Linares, Juan Sánchez. En esta ocasión Sánchez viene acusado como presunto autor de un delito de apropiación indebida, mientras que Fernández lo hace como supuesto colaborador necesario en dicho delito.
El procedimiento se inició después de que el PSOE denunciara que Juan Sánchez con la ayuda de Juan Fernández, desde enero de 2016 a octubre de 2017 se apropió de 600 euros al mes, lo que supone un total de 13.200 euros.
El Ministerio Fiscal señala en su escrito de enero de 2020 que de las diligencias de investigación practicadas “no ha quedado acreditado de que Juan Sánchez se apoderara de dicha cantidad”, y por tanto, que Fernández fuera colaborador necesario de un delito que no se da por acreditado. Por ello, Fiscalía interesa el sobreseimiento provisional y archivo de la causa.
El PSOE denunció en su día que “no existe acuerdo alguno, de ningún tipo, adoptado ni por la Comisión Ejecutiva Local del PSOE ni por la Asamblea del PSOE de Linares, ni por ningún otro órgano del PSOE, local, provincial, autonómico ni nacional, que autorizara o acordara remunerar a Fernández y Sánchez con cantidad económica alguna”.
No obstante, el Ministerio Fiscal recoge que “de las numerosas testificales que se practicaron a lo largo de la instrucción ha quedado acreditado que efectivamente en la reunión del Comité Ejecutivo del PSOE realizada el 22 de junio de 2015 se trató el tema de la remuneración al señor Juan Sánchez y que dicho tema se debatió”, hasta el punto de que algunos testigos lo dieron por aprobado.
Finalmente, el PSOE remitió un escrito en septiembre de 2022 comunicando que se apartaba de este procedimiento y renunciaba a seguir ejerciendo la acusación particular.
Ahora será el Juzgado de lo Penal el que deberá pronunciarse sobre un procedimiento donde el PSOE como denunciante ya se ha retirado y donde el Ministerio Fiscal ya ha pedido el sobreseimiento y archivo.
