El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Salvador Fuentes, ha destacado este jueves el desarrollo de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (Lista) y el reglamento publicado esta semana para atender a las parcelaciones de la ciudad, siendo “un punto y final” para las irregulares, a la vez que “se agiliza la tramitación de la normativa urbanística” con la colaboración con entidades privadas, como colegios profesionales.
En una rueda de prensa, acompañado por personal del organismo autónomo, el concejal ha declarado que “el Gobierno andaluz completa el marco normativo de Ordenación del Territorio y Urbanismo iniciado hace tres años, haciendo en tres años lo que no se hizo en 20”, de cara a “actualizar, modernizar y simplificar”.
Al respecto, Fuentes ha manifestado que “el reglamento tiene efectos de calado para Córdoba, que pueden solucionar el problema que arrastra la ciudad, porque no había una definición o normativa que humanizase situaciones que eran necesarias contemplar”.
En concreto, ha detallado que “el reglamento contempla las entidades urbanísticas certificadoras”, de modo que “se abre ahora, con la seguridad jurídica que conlleva, la posibilidad de conveniar con entidades privadas la verificación de licencias, declaraciones responsables o inspecciones técnicas”.
Por tanto, “ahora es cuando procede plantearse sentarse con entidades privadas, como colegios profesionales, para agilizar en la colaboración público-privada que define el reglamento con seguridad jurídica”, ha defendido el edil, quien ha añadido que “el reglamento concreta las condiciones que dan lugar a la formación de nuevos núcleos de población”; “aparecen ya sólo dos modelos de suelo y desaparece el resto: el rústico –con cuatro modelos– y el urbano, con lo cual se simplifica mucho”, entre otros aspectos.
Asimismo, el presidente de la GMU ha indicado que “se avanza en el Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), porque multiplica su capacidad para regularizar situaciones que antes no se podían”.
Al hilo, ha elogiado la labor del movimiento ciudadano para incluir enmiendas “decisivas y muy importante” tanto para la Lista, como el reglamento, “al recoger la inquietud que tanto demandaban situaciones humanas, que no especuladoras”, ha subrayado, remarcando que “se van a intentar sacar adelante aquellas que tengan alcance social, porque para eso se contemplaron las enmiendas y el espíritu de la ley”.
SERVICIOS BÁSICOS
Además, Fuentes ha destacado que se recoge que “no tiene que estar acabada la urbanización para abordar actuaciones puntuales y se garanticen servicio básicos, como electricidad, abastecimiento y saneamiento”, algo en lo que intentarán “ser muy sensibles en la interpretación de la norma” y “abordar casos específicos” para “posibilitar esos servicios”.
De este modo, ha expresado que “el desarrollo de las parcelaciones irregulares tiene con esta ley y el reglamento un punto y final”, a la vez que ha destacado “la coordinación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para que se garantice el éxito de los procedimientos sancionadores”, recordando que “hay un informe de la Fiscalía” ante estas situaciones y aseverando que “si hay que demoler, se demolerá”.
Entretanto, el concejal ha expuesto que “hay mucho desencanto y mucha frustración en este proceso que lleva décadas”, por lo que confía en “sacar el mayor número posible de regularizaciones de parcelaciones”.
Para ello, la ley y el reglamento aportan “seguridad jurídica, modernizan y actualizan una normativa necesaria y a ver si somos capaces, entre todos, de ser más ágiles y ordenar el territorio”, ha defendido.
LA ITE
Y sobre la Inspección Técnica de Edificios (ITE), el edil ha adelantado que “se va a llevar a la última semana de diciembre la prórroga de la actual y en enero o febrero se va a publicar ya, porque estaba consensuada y adaptada al reglamento, la ordenanza, que obliga a los de más de 50 años a revisiones periódicas para no tener que asistir a situaciones dramáticas”.
En este sentido, ha comentado que “hay cuatro años para inspeccionar todos los edificios, según el reglamento de la ciudad”, a lo que ha agregado que pretende llevar una memoria económica al presupuesto de 2023 con 500.000 euros, para casos de obras de rehabilitación, resaltando también 1,2 millones de Vimcorsa para “garantizar los mínimos de seguridad”.
