El decano de la Abogacía de Málaga, Salvador González, ha expresado su preocupación “por los perjuicios que se están causando a la ciudadanía y a la abogacía” la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que comenzó el pasado 24 de enero, que está acarreando, además, “costes injustificados”, ha apuntado.
Así, a través de un comunicado, González ha explicado que, aunque era esperable que se retrasasen los juicios, “los costes de traslados por falta de notificación están resultando injustificados”. “Vale que se retrasen los juicios, pero el estar soportando estos gastos injustificados parece algo excesivo”, ha señalado.
“Me parece necesario que ante esta situación tanto el ministerio como los LAJ deben de tomar conciencia de la gravedad de la situación y apuntar todos los minutos y todas las horas del día para corregir esta situación”, ha añadido.
Por otro lado, el decano se ha pronunciado ante las dudas que está generando la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió a los colegios de la Abogacía la publicación de baremos orientativos de los costes.
Según han indicado desde el colegio malagueño, este pasado lunes tuvo lugar en la Abogacía de Málaga una formación sobre la nueva sentencia del TS en relación con los baremos orientativos de los colegios impartida por Álvaro Perea González, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuenlabrada (Madrid).
En la conferencia también participó el decano quien ha informado sobre la situación en Málaga y ha anunciado que este miércoles tendrá lugar una Junta de Gobierno sobre el tema en la que planea proponer “dejar de utilizar los criterios actuales y pasar a hacerlo conforme a los criterios generales desechando la atención a un porcentaje exacto y a números concretos” según lo exigido por el TS.
La finalidad es “acomodar unos criterios que den respuesta” para poder servir a los abogados, a los letrados de la justicia y a los clientes.
A su vez, hizo referencia al caso de Barcelona donde ya se ha implantado esta medida y “la experiencia está siendo positiva, no hay grandes quejas”. Si bien, ha dicho que su planteamiento siempre estará enfocado en crear unos criterios “que respondan al trabajo realizado y que tengan sentido para la abogacía y para la ciudadanía”.
