Tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos, ratificado con los sindicatos, y que será aprobado próximamente, para diseñar la reforma de las pensiones por exigencia de la UE y con el objetivo de librar el tercer pago a España correspondientes a su Plan de Recuperación, esta ha supuesto las críticas del sector empresarial, y especialistas en técnicas actuariales sobre la materia.
En época de crisis economía, y de engordamiento de la deuda pública en castidades potencialmente estratosférica, no es lo más aconsejable incrementar el gasto público con experimentos electoralistas que suponen un freno a la reactivación del empleo y de la economía. Una vez más, cae en las espaldas de empresarios y trabajadores el incremento de la hucha de pensiones a base de sus cotizaciones hasta el año 2050, sin contraprestación alguna, y lo que es peor, con el augurio de que no será suficiente ese esfuerzo que irá en detrimento de la creación del empleo y, por tanto, de la recaudación, lo que verá afectada la sostenibilidad del propio sistema potenciando la economía sumergida.
Igualmente, la cuota adicional a los trabajadores con base máxima, que en 2025 será un punto hasta llegar a 6 más en 2045, nos hace prever que este gobierno opta por la sustitución a un sistema en asistencial en lugar de contributivo, al topar esas pensiones máximas y no sus cotizaciones.
Si a ello se le suma que se pretende el aumento de las pensiones no contributivas y contributivas hasta por encima del 60% de la renta mediana de los hogares, hace vislumbrar un agotamiento de los recursos más pronto que tarde, lo que hace absolutamente insuficientes los previsibles 15.000 millones de euros anuales de recaudación que prevé el Gobierno.
Esas dos acciones citadas anteriormente nos sumergen en una política económica de otros sistemas políticos que desincentivan el trabajo, el esfuerzo, el emprendimiento, y nos convierten de facto en una economía subsidiada fuera de cualquier parámetro de países de nuestro entorno, además imposible de mantener.
Es urgente y necesario un gran pacto de Estado, bajo el paraguas del Pacto de Toledo, que aborde la necesaria reforma del sistema de pensiones públicas alejándolo de criterios electorales, políticos o partidistas, y que garantice el mantenimiento de nuestro sistema incluyendo las variables de este complejo sistema, como son la esperanza de vida, la tasa de remplazo y la creación de empleo de calidad. Es inviable con los actuales salarios cubrir las prestaciones que van a percibe nuestros jubilados. En definitiva, la conformidad a esta reforma por Bruselas parte del deseo del Gobierno de una recaudación de cuotas para cubrir su déficit, y no una reforma; pero nos tememos que esa recaudación no llegue a cubrir los buenos propósitos de la coalición gubernamental si no se crean circunstancias externas que posibiliten la reactivación de la economía con la creación de empleo y el aumento de sus salarios.
Ignacio Pozo
CEO Jurídico
