El equipo de gobierno de la Diputación de Sevilla ha acordado este martes en Junta de Gobierno abordar en el próximo Pleno la aprobación de la convocatoria del ‘Programa para la prevención de la exclusión social’ con quince millones de euros, cifra a la que se sumarán los 1,53 millones de euros procedentes de las aportaciones de los ayuntamientos en función del número de habitantes. En total, la cuantía del programa es de 16.532.169 euros.
Tal como ha recordado el presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, en una nota de prensa, este programa de prevención exclusión social “contribuye a paliar las situaciones de exclusión social provocadas por el contexto social y económico de crisis persistente tras la pandemia y que viene padeciendo la ciudadanía en los municipios sevillanos y cuya demanda por parte de la población pone de manifiesto la necesidad de continuar con estas medidas durante el año en curso”.
Mediante esta iniciativa, se fomentan medidas que contribuyen a la prevención de la exclusión social a través del empleo temporal –de corta duración–, con una nueva dotación económica que permita a los destinatarios finales disponer de recursos mínimos que le posibiliten salir del umbral de extrema necesidad, con la situación de peligro de exclusión social que ello supone.
Mediante la convocatoria, se conceden subvenciones a los ayuntamientos en régimen de concurrencia no competitiva con los objetivos de facilitar los recursos a familias con graves problemas socioeconómicos; incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social; y contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior, así como realizar pequeñas obras de interés social para el municipio, entre otras cuestiones.
Los trabajadores sociales de los ayuntamientos, tras la comprobación de las solicitudes, emiten con carácter preceptivo un informe en el que hacen constar el cumplimiento por los interesados de los requisitos socioeconómicos necesarios para acceder a las ayudas. Como primer requisito, la persona debe estar empadronada en el municipio cuyo ayuntamiento realiza la contratación a 1 de enero del año en que se realiza la convocatoria. En segundo lugar, ha de acreditarse la situación de desempleo.
Otro de los requisitos es pertenecer a una unidad familiar que se encuentre en los umbrales económicos referidos al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) vigentes en el momento de la aprobación de esta convocatoria. Los ingresos a tener en cuenta se refieren a la media de los seis meses anteriores a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes.
Sólo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar teniendo en cuenta que “en una unidad de convivencia puede existir más de una unidad familiar”. La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha de presentación de la solicitud, ha aclarado la Diputación. La duración del programa se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024.
El programa cuenta con un total de 16.532.169 euros, de los que quince millones de euros son aportados por la Diputación y 1.532.169 euros, por los ayuntamientos, según el número de habitantes de su municipio. Hasta los 5.000 habitantes, los ayuntamientos no tienen que hacer aportación económica, como tampoco lo harán los comprendidos entre 5.001 habitantes y 10.000.
Entre los 10.001 y 20.000 habitantes, las entidades locales aportan el 5%, lo que supone la cantidad de 176.145 euros. Los municipios con 20.001 y 50.000 habitantes, sus ayuntamientos lo harán con un 15%, 698.276 euros. Con una población superior a los 50.000 habitantes, los consistorios financian un 20%, lo que equivale a 657.747 euros.
