Agricultores del Condado piden al Gobierno que “si no quiere hacer” la presa de Alcolea que “lo haga la Junta”

Los agricultores de frutos rojos de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado han apoyado este jueves “sin fisuras” el acuerdo alcanzado entre Coprehu y el Gobierno andaluz para dar prioridad y ejecutar las obras de la presa de Alcolea, reactivándolas. Asimismo, han pedido al Gobierno central que “si no quiere hacerla” que “deje a la Junta que la haga”.

En este sentido, el portavoz del colectivo, Julio Díaz, ha recordado que existe una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) plenamente vigente, por lo que no entienden “por qué se paraliza y se retrasa una obra que es clave para el sistema hidrográfico”.

“Es decir, aportaría más agua en la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, haciendo aún más viable el trasvase al Condado y respetando los usos y necesidades de la cuenca cedente”, ha añadido.

Asimismo, el portavoz de la plataforma ha detallado que este tipo de infraestructuras son “muy necesarias” para que, en época de lluvias como las del pasado mes de diciembre, “recojan recursos y no sería necesario soltarlos al mar, como ocurrió a finales de 2022 con los 210 hectómetros cúbicos de agua porque no había dónde almacenarlos ni cómo transportarlos por la falta de infraestructuras que, aun estando contenidas en la Ley, no se ejecutan”.

“Desde nuestro punto de vista, si el Gobierno de España no puede o no quiere hacer esa obra, que la deje en manos de la Junta de Andalucía, que ya ha mostrado su disposición a hacerla”, ha enfatizado.

Por otro lado, Díaz ha señalado que el canal de Trigueros es otra de las obras “necesarias” en el Tinto, Odiel y Piedras, una obra “que se debe priorizar para que el agua llegue a otros puntos de la provincia donde hace falta, también a la demarcación de la Cuenca del Guadalquivir que es deficitaria de agua”.

UN CONSEJO DE MINISTROS “ELECTORALISTA”.

La plataforma ha valorado también el decreto publicado tras el último Consejo de Ministros extraordinario, celebrado el 10 de mayo, en el que se destinaban tres hectómetros cúbicos anuales desde el Tinto, Odiel y Piedras hasta el Guadalquivir para el consumo humano en Matalascañas, en Almonte (Huelva), a través de la Estación Potabilizadora de Palos de la Frontera.

“Con este decreto, el Gobierno ha generado un elemento para el argumentario político ahora, en campaña electoral”, ha valorado el portavoz, a lo que ha añadido que “promete clausurar todos los pozos en 2025, y no explica cómo, porque no es posible que llegue el trasvase en dos años, ni hay recursos para regar en superficie porque no ejecuta el trasvase, ni recrece la presa del Agrio, ni depura y regenera aguas incumpliendo reiteradamente lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua, argumento por el que el Tribunal Superior de Justicia Europeo emitió la sentencia en 2021”.

Al respecto, Díaz ha asegurado que “lo más importante” es que “no respeta la ley del trasvase, cuando reparte grandes volúmenes de agua sin que se hayan constituido la comisión técnica ni la Junta Central de Usuarios”.

“Estos órganos tienen que estar dotados, además de un reglamento y estatutos que no se conocen ni se han generado”, ha detallado el portavoz, a lo que ha añadido que estos tres hectómetros cúbicos “se están hurtando del trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos, repartiéndose unilateralmente, modificando una ley que se aprobó primero en el Parlamento Andaluz y luego se llevó a las Cortes Generales para su aprobación”.

Por ello, Díaz ha aseverado que “no se puede modificar el Plan Hidrológico a través del Consejo de Ministros”, por lo que, a su juicio, “se trata de más humo, más confusión y más utilización partidaria desde este órgano”, ya que “una vez más, a costa de los agricultores, la agricultura y un sector que habiéndose manifestado multitudinariamente en Huelva al grito de ‘Agua Ya’, motivó la aprobación de un trasvase al que no paran de untarle agua para tapar sus errores del pasado”.

Además, el portavoz ha remarcado que no están “en contra” de que Matalascañas deje de beber del acuífero, pero “sustraer unilateralmente agua del trasvase destinada a la agricultura para ello, sin legislar nuevos recursos, introduce nuevos problemas en la ya complicada situación”.

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