El sindicato CCOO ha criticado este miércoles que los tres centros penitenciarios de la provincia de Málaga carecen de personal suficiente, “en total faltan 310 puestos de trabajo sin cubrir”; en las prisiones malagueñas y que hay un elevado número de presos malagueños y andaluces “que se ven obligados a cumplir condena en centros penitenciarios fuera de esta comunidad autónoma y cada vez hay menos personal médico para atender problemas mentales de estos reclusos”.
En este sentido se han pronunciado en rueda de prensa la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Málaga, Inmaculada González, acompañada de la secretaria general de CCOO en Instituciones Penitenciarias, Silvia Fernández García, y del responsable de Salud Laboral y Negociación Colectiva de CCOO en Instituciones Penitenciarias, José María López Fernández, que han llegado a afirmar que “Instituciones Penitenciarias vulnera derechos fundamentales en las prisiones de esta provincia” y que “las prisiones de Málaga son de las peores del país”.
Silvia Fernández García ha destacado que “hay un elevado número de presos malagueños y andaluces que se ven obligados a cumplir condena en centros penitenciarios fuera de esta comunidad autónoma, lo que no garantiza el arraigo familiar y social de las personas internas”.
En cuanto a la falta de personal, Inmaculada González ha destacado que “en función de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), Málaga necesita 310 puestos para cubrir las necesidades básicas de las tres prisiones malagueñas, que son la prisión de Alhaurín de la Torre, el Centro de Inserción Social (CIS) Evaristo Martín Nieto y la cárcel de Archidona”.
Concretamente, Silvia Fernández García ha afirmado que “el 60% de las plazas de personal laboral están sin cubrir en la de Archidona y el 45% de las plazas de laborales también están vacantes en el CIS. Éste es uno de los tres centros penitenciarios con mayor carga de trabajo en esta provincia y con un problema grave de infradotación de efectivos”.
A ello hay que sumar otra critica que ha hecho CCOO durante esta rueda de prensa y es el desmantelamiento de la sanidad penitenciaria en las prisiones malagueñas y la privación del derecho a la salud que tiene que garantizar el Estado y la Junta de Andalucía a la población reclusa, en igualdad de condiciones que la del resto de población.
En relación a ello, Fernández ha criticado que “la prisión de Alhaurín de la Torre se ha quedado tan sólo con dos médicos para prestar la asistencia sanitaria a 930 personas reclusas y la prisión de Archidona con una médica para atender a los más de 400 internos. Esta situación provoca una sobrecarga de trabajo en el personal de enfermería y en los auxiliares, y que éstos tengan que asumir funciones que no son su competencia”.
CCOO también ha manifestado que todo ello tiene un impacto sobre la salud mental. Así, ha asegurado que uno de los problemas más graves que hay en las prisiones es el incremento de las patologías mentales en prisión, de suicidios y la ausencia de políticas públicas de salud mental, donde en torno al 30% de la población reclusa tiene algún tipo de patología mental y no dispone de ningún recurso psiquiátrico para recibir la asistencia que precisan.
Por ello, la secretaria general de CCOO en Instituciones Penitenciarias ha afirmado que “desde nuestro sindicato, al igual que los jueces de vigilancia penitenciara, exigimos la urgente creación de unidades psiquiátricas en prisiones”, y ha afirmado la necesidad de que “en Andalucía se creen al menos dos unidades de psiquiatría penitenciaria para evitar el desarraigo social, dotado con los medios necesarios y personal especializado, y que una de ellas se ubique en la provincia de Málaga”.
Por último, José María López Fernández ha criticado la persecución sindical y vulneración del derecho de libertad sindical por parte de la dirección de la prisión de Archidona, que ha señalado que ha entrado “en una dinámica sistemática de impedir la labor sindical del primer sindicato de las administraciones públicas, CCOO”.
“Desde el sindicato reiteramos al Secretario General de Instituciones Penitenciarias, al ministro Marlaska y al subdelegado de Gobierno de Málaga que reconduzcan la institucionalidad de las relaciones laborales en este centro penitenciario”, ha concluido.
