La Audiencia Provincial de Almería acoge desde este jueves la vista oral contra el empresario hotelero Miguel Rifá para quien la Fiscalía solicita penas que suman 29 años y 11 meses de cárcel acusado de alzar bienes por valor de 98,6 millones de euros entre los años 2008 y 2011 con el fin de “defraudar” a la Hacienda Pública.
En la vista oral señalada ante el tribunal de la Sección Segunda, que arrancará con cuestiones previas, también se va a enjuiciar, entre otros, al presunto cooperador del conocido empresario, I.M.M., para el que la fiscal interesa un total de 17 años de prisión como autor de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y de un delito de insolvencia punible.
El juzgado instructor abrió juicio oral en noviembre de 2019 contra siete personas y contra 13 sociedades mercantiles. A Miguel Rifá se le atribuyen siete supuestos delitos tributarios por IVA, impuesto de Sociedades e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, uno de ellos en tentativa, y dos delitos de insolvencia punible.
Según el escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, Miguel Rifá actuó con la “expresa colaboración y asesoramiento” de I.M.M. y en ejecución de “un plan preconcebido” con la intención de “beneficiarse económicamente en detrimento de la Hacienda Pública”.
El Ministerio Público le achaca un “evidente ánimo defraudatorio y elusión de sus obligaciones tributarias legalmente exigibles” al crear un “entramado de sociedades españolas, portuguesas y británicas” con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Británicas.
De este modo, mediante la “utilización de diversas sociedades interpuestas”, habría “vaciado” patrimonialmente las mercantiles ‘Hotel Almería SL’ y Predios del Sureste SL.
El escrito de acusación detalla que, de forma “simultánea”, realizó presuntamente diversos fraudes a la Hacienda Pública mediante la “simulación de operaciones” para “ocultar el real” propietario de las sociedades implicadas.
“Es el acusado Miguel Rifá quien planifica, quien dirige y quien decide todas las operaciones con independencia de su titularidad jurídica y formal y quien, con ese modo de operar, consigue vaciar patrimonialmente sus sociedades para eludir el pago de sus deudas y obtener devoluciones tributarias por importe superior a diez millones de euros, siendo el propietario real último y responsable por consiguiente de sus deudas”, concluye.
De acuerdo a los datos de la Fiscalía, el importe de la deuda de las sociedades en noviembre de 2008 “era de 83,4 millones de euros” y al final de las operaciones en marzo de 2011 de “134,1 millones de euros” mientras que el “valor neto de los bienes alzados era de 98,6 millones de euros”.
Al hilo de esto, remarca que al inicio de la “actividad fraudulenta” desplegada por Rifá y su socio “las sociedades tenían numerosas deudas contraídas con la Hacienda Pública”, y precisa que todas as operaciones se hicieron para “dejar todas las deudas en las sociedades del grupo Rifá” e “incluso incrementarlas generando deudas por IVAs ficticios que no se ingresan” y también para el traspaso de “todos los bienes a otras sociedades también del grupo Rifá, en este caso sin deudas”.
Por último, el Ministerio Público indica que el empresario habría realizado “solicitudes de aplazamiento” a la Agencia Tributaria que se habrían “incumplido sistemáticamente” y que interpreta como “maniobras dilatorias para retrasar la fase de embargo y así evitar el cobro de las deudas”.
Entre las operaciones supuestamente fraudulentas, y por la que también acusa la Abogacía del Estado, desgrana la transmisión de 13 hoteles, 135 fincas rústicas en diferentes municipios, tres fincas de la Compañía de María, oficinas, solares, acciones y participaciones.
