Izquierda Unida ha alertado a la Comisión Europea de los “riegos” del “macroproyecto” de ocio y turismo en Coín (Málaga) que la Junta de Andalucía considera “estratégico”. El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha asegurado que “una vez más, el gobierno de Juanma Moreno da prioridad a grandes proyectos urbanísticos que comprometen la sostenibilidad hídrica en una situación de extraordinaria preocupación precisamente por la escasez de agua”.
A través del Grupo de la Izquierda Europea, IU ha advertido a la Comisión Europea de las intenciones del Gobierno andaluz y le ha advertido que el proyecto que le Junta “está impulsando como una inversión de carácter estratégico, amenaza seriamente la viabilidad del acuífero de Sierra Blanca, tanto por la superficie que quedará impermeabilizada como por las afecciones por contaminación que se producirán”.
Valero ha asegurado en un comunicado que “el Partido Popular demuestra que sigue instalado en ese modelo fracasado, caducado, que nos llevó a la ruina en la crisis de la burbuja inmobiliaria”. Un modelo, a su juicio, basado en “la especulación, los pelotazos urbanísticos y el despilfarro, un modelo que provoca daños innumerables, que es letal para el medio ambiente y que sirve para que unos cuantos salgan ganando”.
La iniciativa, una pregunta con solicitud de respuesta escrita, ha sido registrada por el eurodiputado de IU Manu Pineda. Según Pineda, se trata de un ejemplo más de cómo “la Junta Moreno maltrata nuestro medioambiente”. En el mismo sentido, el eurodiputado ha señalado que “llevamos años denunciando ante las instituciones europeas una política ecocida que creemos que vulnera la normativa de protección de aguas europeas, lesionando gravemente un recurso escaso en una zona especialmente golpeada por el cambio climático como es Andalucía”.
A su juicio, “Moreno prioriza el interés económico de unos pocos al bienestar de los andaluces”. Además, ha señalado que “el proyecto de Coín apuesta por enriquecer a un puñado de empresarios, aunque ello implique atacar a la agricultura local y degradar el medioambiente de los malagueños”.
En la pregunta, Pineda pone los hechos en conocimiento de la Comisión Europea y pide a la institución comunitaria que aclare si pedirá información al Gobierno andaluz sobre el proyecto, así como si le exigirá un estudio y evaluación científica independiente de su impacto medioambiental. En última instancia, consulta a la Comisión Europea si considera que el Gobierno andaluz está cumpliendo con los preceptos, objetivos y política de la normativa comunitaria sobre Protección de las Aguas.
