Familiares de S.V.C, uno de los hombres cuyos cadáveres aparecieron en un pozo de una finca de Cartaya (Huelva) en 2019, han negado este martes amenazas a los acusados de este crimen como expresó uno de los encausados durante su declaración este pasado lunes en el primer día de juicio y han pedido “justicia” para su familiar y “no más violencia”.
Así lo ha manifestado tanto la viuda de S.V.C. como dos de los hermanos del mismo que este martes han declarado como testigos en la segunda sesión del juicio con jurado popular que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva hasta el 23 de octubre.
En este sentido, todos han señalado que no sabían que su familiar tuviera relación con M.B.G –el otro fallecido– y que, al parecer, se habían conocido “dos semanas antes” del suceso, pero que al solicitarle ayuda este para desplazarse a Cartaya se la prestó “porque era muy buena persona y ayudaba a todo el mundo”, toda vez que han asegurado que S.V.C “no tenía ninguna relación” con las drogas y que “trabajaba en el campo, porque era una persona muy trabajadora”, pero que el otro fallecido y uno de los acusados (J.A.M.B) “sí tenían relación con el mundo de las drogas”.
En este contexto, el hermano del fallecido ha negado tener ningún familiar en prisión ni que se hayan realizado amenazas “de ningún tipo” ya que “no conocían a los acusados”, en relación a la afirmación de J.A.M.B, en su declaración de este lunes, sobre que durante su estancia en prisión preventiva había mantenido trato con otro familiar de S.V.C que se encontraba interno y con el que “había llegado a un entendimiento” por lo que a él “no lo habían amenazado” pero “sí” al otro acusado.
En su exposición, el hermano de la víctima, a la que según la declaración de ambos encausados habían matado “sin querer”, ha indicado que cuando tuvo conocimiento de su desaparición y encontró calcinado el coche –cuya propietaria era su esposa y cuñada de S.V.C– inició una investigación por su cuenta a fin de tratar de esclarecer lo sucedido y encontrar a su hermano, durante la cual tuvo “conocimiento” de la relación de M.B.G con J.A.M.B –que este lunes aseguró que no había tenido nada que ver con la muerte de ninguna de las víctimas–.
De este modo, siempre según su testificación, averiguó que este acusado “había dado a M.B.G cinco cajas con 33 kilos de hachís para que los vendiera” y este “se quedó con todo el dinero de la mercancía” algo que provocó “un problema de deuda” con un tercero, por lo que este acusado habló con el fallecido para “solucionarlo” tras lo que “llamó a J.M.P.P para decirle que había que quitarlo de en medio” a M.B.G, algo que ha considerado “un posible móvil” para los hechos.
El hermano de S.V.C ha añadido en su alocución que es “conocedor” de que M.B.G “había agredido a la madre” de J.M.P.P por lo que considera que fue este el motivo por el que participó en los hechos y disparó, causando finalmente la muerte de su hermano, aunque su objetivo era la otra persona.
Por su parte, la viuda de S.V.C ha explicado que su último contacto con él fue a las 21,30 horas del Domingo de Ramos y que ya de madrugada, cuando lo llamó al ver que no llegaba a casa, su móvil “ya no daba señal”, toda vez que ha señalado que después supo por una “conocida” que se había ido con M.B.G, al que ella “no conocía”, y que S.V.C lo conocía “desde hace dos semanas”.
Por último, otra de las hermanas de S.V.C ha subrayado que tampoco conocía a los acusados y que “ni sabía que relación” pudieran tener con su hermano, toda vez que ha lamentado que desde el asesinato su familia “está muerta en vida” y que les han “destrozados”, por lo que se ha sumado a la petición de “justicia” y no “de venganza”.
Para los acusados la Fiscalía solicita la pena de 48 años de prisión como presuntos autores de un delito de asesinato con alevosía (23 años) y un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento (25 años) y que indemnicen en la cantidad de más de 648.000 euros a los familiares de ambas víctimas.
De otro lado, la acusación particular pide para cada uno de ellos 25 años de cárcel por un delito de asesinato, tres por un delito de daño en la propiedad ajena mediante incendio, 24 meses de multa, a razón de seis euros diarios, por un delito de daño y profanación de cadáver y cuatro años y medio por un delito contra la integridad física y moral.
