El Grupo socialista del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), gobernado por la popular Lola Romero junto con Vox, ha criticado que el escrito de acusación formalizado por el Consistorio ante el Juzgado de Instrucción número 13, en la causa incoada contra la exalcaldesa popular Ana Hermoso por presunta malversación al abonar a la plantilla municipal una supuesta “productividad injustificada”; recoja peticiones de cárcel e inhabilitación inferiores a las solicitadas por la Fiscalía.
En dicho escrito, formalizado el pasado 7 de noviembre y recogido por Europa Press, el Consistorio reclama para la exregidora, más al detalle, dos años de prisión por presunta malversación y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un posible delito continuado de prevaricación, así como la obligación de indemnizar a las arcas públicas con 169.678 euros, cantidad de la que “deberán responder de forma solidaria y como partícipes a título lucrativo los trabajadores a los que se hubiere pagado las productividades no justificadas, a razón de lo que cada uno haya percibido”.
Al respecto, el portavoz socialista y exalcalde, Francisco Molina, ha mostrado en unas declaraciones difundidas por el PSOE su “enérgica reprobación” a este escrito de acusación, señalando que constituye “una rebaja” respecto a las peticiones de la Fiscalía para Ana Hermoso, que contemplan cuatro años de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y cuatro años más de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Además, ha lamentado que el escrito de acusación del Consistorio haya sido planteado “en contra del criterio del anterior letrado”, contratado contra el postrero mandato municipal, haciendo “recaer sobre los trabajadores la responsabilidad (solidaria) de devolver el dinero” de las supuestas productividades “injustificadas”, consideradas por la Fiscalía como un “doble ingreso”.
En el escrito de acusación de la Fiscalía se detalla que los hechos se remontan a 2012, cuando la popular Ana Hermoso era la alcaldesa de Bormujos, año en el que el entonces Gobierno central del popular Mariano Rajoy promulgó un decreto ley suprimiendo la paga extraordinaria de Navidad de ese año para los empleados de todo el sector público, en el marco de las intensas medidas de austeridad implantadas por los populares ante las consecuencias de la gran crisis financiera mundial desencadenada a partir de 2008.
“CLARA INTENCIÓN DE ELUDIR LAS NORMAS”
En ese marco, según el Ministerio Público, la acusada “con la clara intención de eludir tales normas”, ordenó al departamento de personal del Ayuntamiento que creara “un subcomplemento de productividad a partir del cual se abonara a cada empleado municipal entre los meses de julio y diciembre de 2012 una sexta parta de lo que les hubiera correspondido por la paga extra suprimida” por el Gobierno central, dictando ella misma una resolución para “encubrir los pagos fraccionados de la paga de Navidad” y ordenando “el abono a los empleados en concepto de complemento de productividad, no justificada, del importe de la paga extraordinaria ya referida”, con un desembolso total de 169.678 euros.
Es más, según la Fiscalía, ya en 2014, cuando el Gobierno central aprobó “la recuperación de los importes dejados de percibir por la paga extraordinaria suprimida”, el Ayuntamiento de Bormujos “dictó las oportunas resoluciones por las que desembolsó” otros 119.162 euros en favor de la plantilla municipal y respecto a la paga extra suprimida, con lo que “se produjo un doble ingreso” a los empleados municipales.
PETICIÓN DE CONDENA
Dado el caso, la Fiscalía reclama para Ana Hermoso cuatro años de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por un presunto delito de malversación, así como cuatro años más de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación y la obligación de indemnizar con 169.678 euros al Consistorio “por la cantidad destinada a la productividad no justificada”.
La defensa de la exalcaldesa, ejercida por el abogado Manuel Pérez Peña, niega de su lado que tales productividades fuesen una paga extraordinaria “encubierta”, destacando que en sus comparecencias judiciales, los funcionarios habilitados nacionales que en aquellos momentos estaban al frente de la Intervención y la Secretaría General del Ayuntamiento de Bormujos avalaron los pagos porque los reparos formales presentados a los mismos eran levantados por el pleno, con el voto a favor de tal extremo de todos los ediles, incluso los del PSOE.
Durante el último pleno del Ayuntamiento de Bormujos, el PP y el PSOE protagonizaron una agria refriega, a cuenta del impacto del asunto en la plantilla.
En concreto, ya avanzado el pleno, la alcaldesa daba “la oportunidad” a los socialistas de pronunciarse sobre el asunto a cuenta de sus publicaciones en Internet, toda vez que el PSOE, como denunciante del caso, esgrime unas declaraciones públicas en ese sentido del socialista Francisco Molina cuando era alcalde del municipio, periodo en el que el abogado contratado por el Ayuntamiento para ejercer la acusación particular en el asunto “tenía instrucciones para defender exactamente” la tesis de que el asunto no debía derivar en la obligación de que los empleados devuelvan el dinero de las citadas productividades y que había que “pedir responsabilidades exclusivamente a la por entonces alcaldesa del PP”.
EL PSOE ABANDONA EL PLENO
La edil socialista Margarita Beltrán, ante ello, advertía de que si la alcaldesa proponía que el PSOE se pronunciase, debía haberlo introducido en el orden del día de la sesión plenaria, avisando de que en la misma no figuraba este asunto, aviso que repetía reiteradamente.
Tras un crudo intercambio de recriminaciones entre ambas partes, invitando varias veces la alcaldesa a los socialistas a abandonar el pleno si no les “interesaba” el asunto o no estaban “de acuerdo” con el mismo; los concejales del PSOE, entre los que no figuraba el exalcalde Francisco Molina, abandonaron la sesión, tras lo cual el concejal del PP Luis Paniagua les acusaba de “huir” y “esconderse” del problema a cuenta del posible impacto de la causa en las cuantías cobradas por los empleados públicos, pues la Fiscalía detecta un “doble ingreso” a su favor.
Al respecto, Paniagua señalaba que el PSOE, en sus años de gobierno, contrató a un abogado ajeno al Ayuntamiento para este asunto judicial para “ocultar” esta denuncia que deja a la plantilla en “una situación compleja”, porque a su entender los trabajadores pueden tener que “responder de manera solidaria” de la cuantía de 169.678 euros reclamada a la exalcaldesa popular. En ese sentido, defendía que el Gobierno local había puesto la documentación de la causa judicial “a disposición” de toda la plantilla.
Además, aseguraba que el Ayuntamiento actuaría “con claridad y transparencia” y que en el proceso judicial se adheriría al posicionamiento de la Fiscalía, con el deseo de que el procedimiento “termine bien para los trabajadores”, incluidos a titulo lucrativo en el escrito de acusación del Ayuntamiento contra la exalcaldesa.
