La Mesa Social del Agua de Andalucía, integrada por doce entidades sociales, ha consensuado un documento con propuestas en la que aboga porque los acuerdos alcanzados entre Gobierno y Junta alcancen “legitimidad social”, además de respetar la legislación que le sea de aplicación, ya que considera que lo que está pasando en Doñana es “la punta del iceberg de fenómenos que se repiten en otras comarcas”, y que “la solución adoptada no se convierta en una oportunidad perdida para una verdadera transición hídrica ecológica y justa”.
Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, en este documento, la Mesa Social del Agua considera que “se trata de un proceso que parte de la irregularidad de determinados usos del agua que pretende desembocar en una menor presión sobre el acuífero”, aliviando la situación de estrés hídrico y de los ecosistemas de Doñana, y “de manera paralela los impactos económicos y sociales del territorio”.
Así, en dicho documento se recogen una serie de principios para poder alcanzar la “tan ansiada legitimidad social”, respetando a su vez, “la legislación que le sea aplicable y que esta sea una oportunidad para una verdadera transición ecológica y justa”.
Estos principios establecen como “objetivo primordial” la protección ambiental y social, “estableciendo un proceso de transparencia en el que las administraciones implicadas rindan cuentas sobre el mismo y teniendo en cuenta la participación social de todos los sectores.
Así pues, proponen una serie de medidas “prioritarias” en base al acuerdo firmado entre las administraciones, en las que creen “indispensable”, acciones como “la retirada del cultivo, reforestación, retorno al secano o dedicación a la agricultura ecológica; modulación de las ayudas; que los usuarios ilegales del agua o del suelo no se beneficien de ayudas públicas; transparencia y participación pública; o la imprescindible elaboración del censo de explotaciones agrarias con situaciones anómalas en el uso del agua”.
Por otro lado, también se incluyen otras medidas como “la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros; consolidación y aumento de explotaciones forestales; la gestión del ciclo urbano del agua en el sector turístico, corrigiendo extracciones de agua del acuífero y depurando adecuadamente sus agua residuales; y supervisión y seguimiento de las medidas y los resultados”.
Estas medidas se encuentran ampliadas en un documento denominado ‘Condiciones para la legitimidad del acuerdo sobre Doñana del Gobierno Central y la Junta de Andalucía’, no obstante, desde la entidad han puntualizado que la regulación del uso de los recursos hídricos y su reestructuración productiva “conseguirá la legitimidad social y los objetivos ambientales que permita resolver el conflicto a cuya resolución aboga el Acuerdo sobre Doñana entre ambas administraciones del pasado 27 de noviembre”.
Este documento ha sido firmado por Aeopas, CCOO, UGT, COAG, Ecologistas en Acción, Facua, Fundación Nueva Cultura del Agua, Fundación SAVIA, Greenpeace, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, SEO/BirdLife y UPA.
