El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha subrayado este lunes el “compromiso” del Gobierno andaluz con la regeneración democrática y ha destacado que “2021 es un año legislativo en el que verán la luz muchos avances en esta materia que quedarán sellados para el futuro”.
En concreto, el vicepresidente se ha referido a la Ley de Evaluación de las Políticas Públicas, la Oficina contra el fraude y la corrupción, el Estatuto que regulará el perfil y la formación de los directivos de los entes instrumentales o la reordenación del sector público andaluz, según ha informado la Junta en una nota.
Marín ha inaugurado las jornadas ‘Integridad Pública: Las herramientas para la prevención y represión de la corrupción’, organizadas por el Instituto García Oviedo de la Universidad de Sevilla y celebradas de forma telemática, en las que también ha participado la secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, Nuria Gómez.
El vicepresidente ha remarcado, al cumplirse justo ahora dos años de las últimas elecciones autonómicas, que el nuevo Gobierno conformado entonces por PP y Ciudadanos (Cs) fue “plenamente consciente” de que una de las principales causas que propició el cambio político en Andalucía tras 37 años de gobiernos socialista “fue precisamente el hartazgo de los ciudadanos por los muchísimos casos de corrupción que en los últimos años habíamos venido sufriendo”, y que llevaron a la sociedad andaluza a “probar otra forma de gobernar” con una alternancia que nunca se había producido en la comunidad.
“Éramos conscientes de que nuestro éxito o fracaso dependía de si éramos capaces de trasladar un mensaje de confianza en las instituciones públicas”, ha señalado Marín.
Para responder a esas expectativas, el nuevo Gobierno puso en marcha un área específica dedicada a la regeneración democrática, dependiente directamente de la Vicepresidencia, que “no existía ni creo que exista en otras comunidades”, en una clara muestra del “compromiso” del Ejecutivo al respecto, según ha sostenido.
Ha agregado que, aunque la lucha contra la pandemia del Covid ha relegado “a un segundo o tercer plano muchas de las actuaciones de la Junta en los últimos meses“, no se ha parado de trabajar “en el resto de tareas y compromisos pendientes, especialmente en materia de regeneración”.
Fruto de ese trabajo, según ha continuado el vicepresidente, es el anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, que se encuentra ya en su última fase, a la espera de los informes preceptivos para ser aprobada próximamente por el Consejo de Gobierno y remitida al Parlamento “a finales de diciembre o en el primero pleno de 2021”.
Esta ley contempla la creación de la Oficina andaluza de lucha contra el fraude y la corrupción como un instrumento de prevención, investigación y combate contra este tipo de comportamientos.
No obstante, Marín ha apuntado que “en estos dos años ha quedado demostrado que los escándalos de corrupción han desaparecido del Gobierno, aunque sigan coleando causas anteriores en los juzgados”. Y ha destacado la importancia “no solo de practicar la tolerancia cero, con la separación inmediatamente de su cargo de cualquier persona formalmente imputada, sino de acabar con los privilegios mediante la limitación de mandatos o la eliminación de los aforamientos”.
Igualmente, la Consejería de Regeneración trabaja en un proyecto de decreto, actualmente en plazo de exposición pública previa hasta el jueves, para aprobar el Estatuto del personal laboral que ejerce funciones directivas en las entidades instrumentales, que determinará la formación y el perfil que deban tener quienes ejerzan estas funciones en el sector público andaluz.
Una regulación específica “que no existe actualmente” y que impondrá “la meritocracia y no la dedocracia” dignificando así “la labor de muchos magníficos profesionales y funcionarios públicos que tienen derecho a acceder a esos puestos sin que ningún partido los designe”, según ha abundado Marín.
REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
En paralelo, el Gobierno continúa avanzando en la reordenación del sector público en el que, para Marín, era necesario “arrojar luz ante un conjunto de entes, consorcios y empresas públicas participadas que generaban mucha incertidumbre por la falta de transparencia y control, no porque se hiciera una buena o mala gestión, sino porque no se conocía”. Ya se han suprimido 48 entes, mientras se están ultimando las auditorías privadas encargadas sobre otros 54 cuyo resultado estará disponible “en el primer trimestre de 2021”.
El vicepresidente ha hecho hincapié en el compromiso del actual Gobierno de “tasar el éxito o el fracaso de sus acciones”. Por ello, también en 2021 llegará al Parlamento una Ley de Evaluación de las Políticas Públicas como “instrumento clave” para lograr la eficacia, ya que “no se trata de que hagamos un presupuesto y ejecutemos proyectos y que no sepamos nunca si están dando resultados y cumpliendo los objetivos para los que fueron diseñados”, según ha comentado el vicepresidente.
En definitiva, Marín ha remarcado que el “Gobierno del cambio” se marcó como objetivos al inicio de la legislatura “establecer controles, priorizar la eficacia y garantizar la transparencia y, aunque la necesaria gestión de la crisis sanitaria y sus efectos socio-económicos ha centrado la acción de la Junta, en estos meses, no nos ha despistado de esos objetivos”.
“Nuestro compromiso con estas medidas es trabajar más y mejor para los ciudadanos desde las instituciones porque si devolvemos la confianza en las instituciones y en la clase política, reforzamos nuestros valores democráticos”, ha concluido Juan Marín.
