Basta con escuchar las respuestas a los medios de Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, para concluir que el gobierno andaluz trata de distanciarse al máximo del ideario nacional de Sánchez: aún a riesgo de rebajar las medidas sanitarias.
Las cifras son mejores, aunque no las deseadas. Noviembre ha cerrado como el peor mes en muertes por Covid, aunque con casi 20.000 curados más.
Sin embargo, la Junta de Andalucía es optimista aunque desde la máxima prudencia. La evolución de las cifras epidemiológicas en noviembre, una vez decretado el cierre de establecimientos no esenciales y el mantenimiento del toque de queda, señala un leve pero sostenido descenso de los contagios diarios y de las hospitalizaciones. A tenor de estos datos y en una proyección de la tendencia a medio plazo, los dirigentes confían en que tal situación de la pandemia permita una flexibilización de las normas en la fiestas navideñas. Así será, recuerdan los responsables políticos, si los ciudadanos siguen respetando los hábitos de este suave confinamiento vespertino.
Ayer fue el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien se pronunció sobre el horizonte de las normas de convivencia en Andalucía más allá del jueves 10 de diciembre. Marín cree que, para entonces, si se mantiene la bajada de los indicadores epidemiológicos, haya una relajación en los horarios comerciales y aun de la movilidad entre los municipios y provincias.
“Tomaremos las decisiones que nos trasladen los expertos, que probablemente vayan en la línea de flexibilizar los horarios y, no sabemos, si en la de abrir también los perímetros, al menos dentro de las provincias, durante las fechas navideñas“, dijo Marín en Dos Hermanas en unas declaraciones recogidas por Efe.
“Intentaremos aprovechar en lo que sea posible las fiestas navideñas”, insistió el vicepresidente andaluz, quien destacó que la situación epidemiológica y sanitaria van “en una línea claramente descendente”. En este particular, cabe destacar que Andalucía ha reducido la incidencia acumulada de nuevos casos detectados de los 444,8 del 30 de octubre a los 315,22 de ayer, más de un 25% menos.
El protocolo acordado entre el Ministerio de Salud y las consejerías autonómicas establece una incidencia por debajo de los 250 casos por cien mil habitantes para abandonar la zona roja de la alerta, y, por tanto, que el estado de alarma pueda desactivarse si durante dos semanas se mantienen esos datos.
Por ahora, y pese a la sostenida mejoría de los datos epidemiológicos, los gobernantes no se cansan de pedir prudencia a la población. “De momento hay que ser prudente y ver hasta dónde se puede llegar, porque una tercera ola por la irresponsabilidad de tomar decisiones sería de graves consecuencias para la ciudadanía”, recalcó Marín para referirse a las consecuencias que tendría una nueva transmisión del coronavirus tan incontrolada como antes de las últimas restricciones.
En el centro del debate público sigue estando el dilema de la salud frente a la economía, dos vasos comunicantes que están condenados a crecer cuando el otro disminuye. Por eso admitió ayer Marín que las decisiones no son “nada fáciles”, pero destacó que tienen que estar basadas en el conocimiento de la realidad epidemiológica en la comunidad autónoma, aunque, en efecto, mostró su confianza en que las cosas “van a ir mucho mejor”.
El dirigente andaluz de Cs recordó que el 9 de diciembre habrá una revisión de las medidas sociales después de la reunión del comité de expertos, momento en que se verá “si es posible” la flexibilización de los horarios comerciales porque hay que “intentar compaginar la actividad productiva con la situación sanitaria”.
Las comunidades autónomas intentan acordar medidas comunes
Las comunidades autónomas siguen estudiando con el Ministerio de Sanidad un plan mínimo de flexibilización de las medidas restrictivas de cara a las fiestas navideñas. Aunque serán las administraciones autonómicas las que tomen la decisión de estas políticas, el objetivo es que haya un mínimo común en todo el país. Será un conjunto de medidas que servirían para dar “un mensaje único a la población”. Fueron palabras de la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, quien dijo ayer a este respecto que las comunidades autónomas “tienen que tener autonomía necesariamente” para fijar esas limitaciones y, “dentro de sus propios territorios, adaptarse a sus situaciones epidemiológicas distintas”, manifestó en Canal Sur Radio en unas declaraciones recogidas por Europa Press. Hay un grupo de trabajo trabajando en el diseño de algunas políticas básicas que se puedan poner en común en los próximos días. La información está recopilándose -añadió Calzón- y el tema saldrá probablemente a debate mañana, en la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.