La Junta tacha de «irresponsable» el traslado de inmigrantes a Andalucía sin aviso

Los vídeos circulan por las redes sociales con tal profusión que sólo se pueden reenviar de uno en uno. Pasajeros que comparten vuelos con inmigrantes desde las Islas Canarias a Sevilla, Málaga o Granada, los graban como embarcan y descienden de los aviones comerciales con toda normalidad. Eso en una región que tiene cerrado no sólo su perímetro autonómico sino el de todos sus municipios hasta el día 10 de diciembre en que se revisen sus medidas anti Covid. La última de estas grabaciones ha sido en el aeropuerto Federico García Lorca de Granada, donde una treintena de chavales jóvenes bajan del avión sin que nadie les espere a pie de pista para darles instrucciones.

Ya el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) había denunciado la falta de información por parte de la Subdelegación del Gobierno en este tema y que se estaba poniendo en riesgo la seguridad de los agentes si venían sin pruebas PCR. El delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Pablo García, solicitó ayer a la Subdelegación del Gobierno en la provincia explicaciones por la «irresponsable» llegada «por sorpresa» de un vuelo con «más de un centenar» de inmigrantes. «El Gobierno de España ha ignorado las normas sanitarias en vigor para salvar sus intereses, realizando un traslado de inmigrantes con absoluta opacidad y sin comunicarlo a la Junta de Andalucía», afirmó Pablo García.

Vídeo: El Gobierno traslada a Granada en avión a los inmigrantes llegados a  Canarias

El delegado recuerda que para entrar en Andalucía y en Granada es necesario poseer una autorización administrativa expresa y, en este caso concreto, es exigible que estas personas dispongan de una PCR negativa y califica de «grave irresponsabilidad cuanto menos» el desvío a Granada de vuelos con personas de las que «se desconoce su estado de salud y la justificación legal para entrar en un territorio con restricciones sanitarias». Cabe recordar que Granada ha sido la provincia andaluza más castigada por la pandemia hasta el punto de que se cerraron todos sus establecimientos no esenciales desde el 10 hasta el 29 de noviembre pasado.

«Los granadinos y los andaluces en general estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir las normas en vigor. Nos comprometemos a limitar la movilidad entre nuestras poblaciones y cuando lo hacemos se acredita mediante documentos para las causas legalmente establecidas», añadía el delegado del Gobierno en la nota que hacía llegar a los medios como protesta.«Es intolerable que no se sometiera bajo su orden a control policial y administrativo a estas personas a su llegada al aeropuerto de Granada», afirma el delegado del Gobierno.

Inmigrantes ilegales de Canarias han sido trasladados a al menos nueve  ciudades españolas - Libertad Digital

«Es inconcebible la dejación de funciones de la subdelegada del Gobierno, como intolerable que no se sometiera bajo su orden a control policial y administrativo a estas personas a su llegada al aeropuerto de Granada. Además es una grave irresponsabilidad autorizar vuelos de este tipo para dispersar por territorio nacional a personas cuyo estado de salud y motivo de desplazamiento desconocemos», subrayó. El delegado exige una explicación pública por parte de la subdelegada del Gobierno y lamenta que más de 24 horas después de este incidente «no ha dado la cara públicamente», lo que «hace patente la deslealtad en materia de inmigración del Gobierno de España con el andaluz. Por último, puso de manifiesto que lleva tiempo pidiendo a Madrid un campamento estable para acoger a los inmigrantes en el puerto granadino de Motril, donde son desembarcadas por Salvamento Marítimo de pateras rescatadas en el mar, sin obtener la más mínima respuesta. En el tema de la inmigración irregular la Junta de Andalucía sólo tiene competencias en la custodia de los menores no acompañados, más conocidos como «menas».

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Sospechas infundadas y xenofobia

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá, criticó sin ambages que el sindicato policial SUP levante «sospechas infundadas» acerca de si se han hecho o no pruebas PCR a los inmigrantes llegados a la capital nazarí. «Ligar inmigración y pandemia alienta la xenofobia ¿Por qué se levantan sospechas infundadas sobre inmigrantes cuando es conocido que los protocolos existentes garantizan que cualquier inmigrante llegando a costa es sometido por las autoridades sanitarias autonómicas a un PCR?», contestó en un tuit el ministro en respuesta a otro del SUP sobre este hecho.

No menos contundente fue la apreciación del vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, de Cs, que manifestó que el Gobierno central no ha «comunicado absolutamente nada» a la Administración andaluza sobre el vuelo, con lo que criticó la «deslealtad» del Ejecutivo central del PSOE y Unidas Podemos. En una entrevista en Canal Sur TV explicó que tras visualizar él mismo los vídeos difundidos, para la incorporación de los mismos a las redes de acogida, los remitió al consejero de Presidencia e Interior, Elías Bendodo, del PP. El Gobierno andaluz tenía conocimiento de vuelos de este tipo hacia los aeropuertos de Sevilla y Málaga, pero no se le había «comunicado absolutamente nada» de este vuelo a Granada procedente de Canarias.

Macarena Olona (Vox) ante el traslado de inmigrantes a Granada: "Que el  ministro los acoja en su casa"

Queja municipal

Tampoco el alcalde de Granada se quedó corto en su malestar. Luis Salvador (Cs) elevará una queja por estos hechos. Salvador detalló que estos inmigrantes pudieron tomar al parecer algún autobús desde el aeropuerto, ubicado en el municipio de Chauchina, hasta la capital granadina o salir «a su libre albedrío» para poder circular por el resto de la provincia, de Andalucía o España. Salvador explicó que, tras ponerse en contacto con la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, esta le trasladó que los inmigrantes «venían en regla y que podían circular por donde quisieran».

Por último, Macarena Olona, segunda portavoz de Vox en el Parlamento y diputada por esta provincia, pidió que ante la «manifiesta negligencia» de Fernando Grande-Marlaska «que los acoja en su casa».

“Es un insulto a la ciudadanía”, sentenció Carlos Herrera

En relación a los graves acontecimientos, el periodista Carlos Herrera sentenció en su micrófonos matinal que “si es verdad que esta gente se ha bajado del avión sin PCR, sin destino concreto, libres por la calle con el ‘búscate la vida’, eso es un insulto a la ciudadanía”, al hacerse eco de las declaraciones del alcalde Luis Salvador, quien criticó al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque «no parece muy normal que en una pandemia como la que estamos sufriendo en este momento, el ministro monte un vuelo, mande inmigrantes al interior de la Península, los suelte en Granada, como los ha podido soltar en otros sitios, y los deja a su libre albedrío«, y además «sin avisar«.

Susana Díaz ya ‘escondía’ inmigrantes en 2017

Hay quien codicia las costas de Tarifa como paradisiaco destino vacacional y quien las anhela, desde el otro lado del Estrecho, como su necesaria vía de escape. Ambas realidades contrapuestas, la turística y la migratoria, coexisten cada verano y generan situaciones tan paradójicas como la que ahora se vive en la playa de Valdevaqueros.

El fin de semana del 18 y 19 de agosto de 2017, parte de un campin turístico de la zona se convertía en alojamiento temporal de más de 60 menores inmigrantes, ante el colapso que sufrían por entonces, -y ahora tres años después igual-, los centros para niños que gestiona la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz.

Algunos periodistas de la Sexta trataron de constatar la información desplazándose hasta el lugar, pero tras guardias de varias horas, no pudieron mostrar más que imágenes de los inmigrantes desplazándose en grupo desde el camping a la playa, escoltados por monitores que portaban balones de fútbol o toallas, y que trataban de ocultar un ‘trasiego’ poco habitual para un lugar vacacional en plena época estival como Tarifa. El acceso al centro o unas declaraciones a cámara del responsable del camping nunca fueron posible, aunque ‘off the record’ confirmó a los periodistas que darles cobijo en sus instalaciones ‘estaba bien pagado’.

En tan solo 16 horas aquel 17 de agosto, llegaron a las costas tarifeñas hasta 439 personas en pateras, 39 de ellos menores. Entre aquel último fin de semana y la madrugada del siguiente lunes, otros 74 migrantes arribaron a Cádiz. Como efecto colateral, las cifras sirvieron para convertir en emergencia la, ya de por sí, sobrecargada situación de los centros para menores de la Junta en Cádiz.

Tras llegar en pateras, motos de agua o como polizones; los jóvenes (mayoritariamente magrebíes de entre los 15 y los 17 años) son acogidos en estas instalaciones públicas cada vez más masificadas. Aulas convertidas en improvisadas habitaciones, colchones dispuestos en el suelo y personal insuficiente son solo algunas de las deficiencias que arrastran los centros con el incremento migratorio que experimentan las costas andaluzas desde hace muchos años.

El hacinamiento denunciado por los sindicatos y periodistas a quienes no dejaban acceder siquiera en un perímetro controlado por las ong’s, obligaba a la Administración andaluza a dar un paso más y habilitar un área de atención de emergencia en una zona del campin Jardín Las Dunas.

En 2018 desplazaron 80 inmigrantes a un centro de formación de emergencias en Gelves (Sevilla) sin aviso siquiera al consistorio

No fue un caso aislado con Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía. La por entonces alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera (PSOE) elevaba el 21 de agosto de 2018 protestas a la Junta de Andalucía (gestionada por su secretaria general) y el Gobierno central (gobernada por Mariano Rajoy) por enviar a un centro del municipio a 80 menores inmigrantes no acompañados rescatados en Tarifa (Cádiz), al sostener que habían provocaron inseguridad y protestas entre los vecinos, ‘más aún a punto de empezar la feria’. 

A través de su web oficial, el Ayuntamiento comunicaba su protesta por este asunto ante la entonces subdelegada del Gobierno en Sevilla, María Esther Gil Martín, y la ahora exdelegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, Mari Ángeles Fernández Ferreiro, después de que los menores -sin previo aviso- ingresaran en una escuela de seguridad para ser tutelados, tras no tener opciones la Junta de ponerlos a disposición de centros de protección de menores propios. 

Galería – Escuela SAMU
Centro de formación en emergencias SAMU en Gelves (Sevilla) donde fueron alojados 80 inmigrantes en agosto de 2018.

La situación se hizo viral entre los vecinos, y la Policía Local recibió llamadas de vecinos de la localidad alertando de la presencia de los menores en algunas calles céntricas del municipio, ‘comprometiendo -según algunas denuncias vecinales a los medios- la seguridad de jóvenes del municipio a los que les plantaban cara’.

‘A mí se me han saltado la tapia, y estaban bañándose en mi piscina tan a gusto. He tenido que echarlos porque actuaban con total naturalidad; tengo miedo.’

Declaraciones de una vecina de Gelves.

El Ayuntamiento aclaró entonces que no están en régimen cerrado, pero citó que se habían producido algunas situaciones de inseguridad en el pueblo por su presencia y coincidencia del comienzo de la feria local apenas 48 horas después, lo que debía acelerar la necesidad de desplazarlos a otro lugar ‘en pro de evitar enfrentamientos callejeros entre locales e inmigrantes’, contaba un casetero a un periodista de Canal Sur sentenciando que ‘pasaría la noche bajo la lona, antes de que esa gente le robaran el pan de su casa’, en alusión a las viandas que ya almacenaban en la cocina de una caseta de feria.

Desde la entidad en la que estuvieron ingresados, se explicó al Consistorio que eran atendidos por diez monitores por turno y contaban con traductores y educadores, y sus responsables se comprometieron con la alcaldesa a reforzar sus medidas de seguridad para ‘evitar que los menores menos adaptados generaran cualquier tipo de malestar entre la población’. 

Por último, la edil socialista mostró a los responsables del centro su desconcierto ante la falta de comunicación producida ‘y les advirtió de su responsabilidad en cualquier incidencia que se pudiera producir’.

Apenas 24 horas después del alboroto social creado, y ante las quejas formales del Ayuntamiento de Gelves, los 80 inmigrantes fueron desplazados de urgencia a otro lugar de la geografía andaluza, aunque no trascendió su ubicación exacta.

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