Además, como resultado del trabajo realizado por la Comisión de Hacienda, se han incorporado al Presupuesto para 2021 un total de 65 enmiendas, 36 de ellas presentadas por los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos, entre las que destacan las modificaciones para garantizar la participación de las entidades locales en la financiación incondicionada de la PATRICA (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma); el incremento en 3,5 millones de las dotaciones para el refuerzo en los Juzgados con el Plan de Reactivación Covid o el aumento en más de 700.000 euros de las transferencias a los ayuntamientos para reforzar el personal de los servicios comunitarios en materia de dependencia.
Por otro lado, se han aceptado 27 enmiendas presentadas por el grupo VOX, de las que 22 fueron acordadas e incluidas en el pacto presupuestario firmado el pasado 18 de noviembre. Entre ellas, destacan las enmiendas para reducir el Impuesto sobre el Patrimonio, la implantación de una deducción en IRPF de 200 euros a familias numerosas y de 400 euros en el caso de categoría especial; la subvención nominativa de 3 millones de euros al Banco de Alimentos; el incremento de 935.000 euros para contratar más profesores de educación especial, hasta alcanzar la cifra de 200, así como una enmienda de 2 millones de euros para contratar con la AIReF una evaluación en materia de subvenciones públicas.
Instrumento contra el Covid
El Presupuesto de Andalucía para 2021 alcanza una cifra global de 40.188 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,7% en comparación con el de 2020, esto es, 1.444,3 millones más. Unas cuentas que persiguen dos objetivos fundamentales: combatir la pandemia a través del refuerzo de los servicios públicos esenciales, con significativos incrementos del gasto social en sanidad, educación y dependencia, y sentar las bases para una recuperación sólida de la economía, apostando por el apoyo al tejido empresarial, la transformación digital y la sostenibilidad medioambiental.
El gasto no financiero (aquel que se destina a las políticas una vez descontada la amortización de la deuda pública y que engloba de los capítulos I al VII) experimenta un importante aumento del 6,5% y se eleva hasta los 35.669,4 millones (2.164 millones más que en 2020), con el fin de afrontar la actual situación de crisis sanitaria y retomar la senda de crecimiento de la economía.
