Luz verde a las ayudas de 1.000 euros a comercio, hostelería y agencias de viajes

En Cataluña las ayudas son de 30.000€, en País Vasco de 25.000€ y en Extremadura de 15.000 €. En Andalucía de 1.000 € y con limitaciones. Una circunstancia que ha encendido al sector que ve esta medida como 'mera propaganda'.

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox y las abstenciones de PSOE-A y Adelante, el decreto de la Junta aprobado el pasado mes de enero para la concesión de ayudas directas de 1.000 euros y de tramitación inmediata dirigidas a mantener la actividad de las pymes pertenecientes a los sectores del comercio, artesanía, hostelería y agencias de viajes, especialmente afectados por la crisis sanitaria del Covid-19.

Se trata, en concreto, del Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería y agencias de viajes y se modifican varios decretos-leyes dictados como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19).

La medida, que se incluye en el Plan de apoyo a la pyme y a los autónomos suscrito el pasado noviembre entre la Junta y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación de Autónomos (ATA) y las Cámaras de Comercio, cuenta con una dotación de 46,1 millones de euros y prevé beneficiar a más de 46.000 pequeñas y medianas empresas andaluzas de estos segmentos económicos.

De acuerdo con la norma convalidada, estos incentivos, que serán gestionados por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, pretenden contribuir a la continuidad de los negocios que desarrollan estas pymes, evitando su cese definitivo y, por tanto, la destrucción de empleo, según ha explicado ante el Pleno el consejero Rogelio Velasco.

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Rogelio Velasco, consejero.

El titular de Transformación Económica ha puesto de relieve que los establecimientos comerciales y artesanos, de hostelería y de intermediación turística se han visto severamente perjudicados por las medidas tanto nacionales como autonómicas de prevención y contención de la pandemia, ya que incluyen limitaciones de aforo, de hora de cierre e incluso restricciones de apertura o de desempeño de su actividad.

A esto hay que sumar, según ha continuado, los gastos que los propietarios de estos negocios se han visto obligados a soportar para la adopción de medidas preventivas de seguridad e higiene, y todo ello ha derivado en una situación «grave» en la que la facturación se ha visto reducida de forma «drástica», no solo por las limitaciones impuestas, sino también por la contracción de la demanda, «poniendo en peligro la propia supervivencia de estas pequeñas y medianas empresas».

En Cataluña las ayudas son de 30.000€, en País Vasco de 25.000€ y en Extremadura de 15.000 €.

en Andalucía de 1.000 € y con limitaciones.

Este decreto ley regula la concesión de dos líneas de subvenciones diferenciadas, financiadas ambas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La primera de ellas está destinada al comercio minorista y al sector de la artesanía con un presupuesto de 26,4 millones, y la segunda, dotada con un importe de 19,7 millones, beneficiará a la hostelería andaluza, que incluye los establecimientos de alojamientos turísticos, las agencias de viajes y los negocios de restauración.

En las dos modalidades se concederán 1.000 euros por subvención en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de presentación de la solicitud hasta el agotamiento del crédito asignado.

Para acogerse a las ayudas, se establecen como requisitos tener la condición de pyme –una plantilla inferior a 250 trabajadores y un volumen de negocio anual no superior a 50 millones–, mantener el domicilio fiscal en Andalucía, desarrollar la actividad con anterioridad al 14 de marzo y mantenerla vigente hasta el día de inicio del plazo de presentación de solicitudes de las ayudas.

Asimismo, las pymes que opten a los incentivos deberán acreditar una caída de ventas o ingresos motivada por el Covid-19 de, al menos, un 20% en el ejercicio 2020 respecto a 2019 y demostrar que no se encontraban en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019.

Además, las personas beneficiarias estarán obligadas a mantener su situación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y, en su caso, el alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como la inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía o en el Registro de Turismo de Andalucía durante al menos cuatro meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se inicie el plazo de presentación de solicitudes.

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Erik Domínguez, parlamentario de PP.

PSOE: SON LIMOSNA, NO PALÍAN SITUACIÓN

El diputado socialista Carmelo Gómez ha argumentado, tras «agradecer el tono» a Velasco, que «no creemos que con este decreto se consiga que las empresas no caigan y cierren» por lo que ha apelado a que no son ayudas compatibles con un anterior decreto y ha concluido que las ayudas de 1.000 euros previstas son «limosna, no palían situación».

Gómez ha reprochado «la estrategia permanente de confrontación» después de reivindicar que «la crisis está mitigada por los 7.000 millones de euros» que el Gobierno destina mensualmente al pago de los ERTE y ha ironizado sobre «dar las gracias por 1.000 euros con 7.000 millones de euros preservando el empleo de un millón de españoles».

El parlamentario del PP Erik Domínguez ha defendido que la finalidad del decreto es «seguir el modelo de la Consejería de Empleo» con la ayuda de 80 millones de euros con ayudas individuales de 1.000 euros para los autónomos andaluces. Domínguez ha apuntado que «aquél funcionó, éste debe ir en la misma línea», en referencia a que prevé la concesión de las ayudas en menos de dos meses.

Domínguez, quien ha afirmado que «España sólo tiene un problema: que está gobernada por Pedro Sánchez», ha defendido «el megapaquete de 667 millones de euros de ayudas porque no dejamos a nadie atrás» y ha sostenido que «Andalucía algo estará haciendo bien» tras reivindicar que Andalucía es «la Comunidad que más crece en afiliados al RETA y estamos apenas de unos cientos de autónomos de estar dentro de poco liderando».

La diputada de Cs, Concepción González Insua, quien ha asegurado saber de la repercusión del decreto y necesidades de los sectores beneficiados por el hecho de que «he estado 35 años pagando el seguro de autónomos antes de llegar a esta Cámara», ha sostenido la concesión de ayudas directas de 1.000 euros por ser una petición del sector, así como que fueran «sin concurrencia».

González Insúa, quien ha defendido que «salvar vidas y la economía es un equilibrio muy complicado», ha asegurado que «los presupuestos son finitos» así como que «1.000 euros de liquidez entran dentro de las posibilidades de este Gobierno» para concluir que la Junta de Andalucía «ayuda a pymes y sectores con lo que tiene».

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Rodrigo Alonso, parlamentario de VOX.

VOX: VAMOS A APOYAR ESTE DECRETO AUN PARECIÉNDONOS LIMOSNA

El diputado de Vox Rodrigo Alonso, quien ha comenzado reprochando a «PSOE, Adelante, Mareas, Anticapitalistas» que no hubieran firmado una declaración de condena de la agresión sufrida por representantes de este partido en las elecciones catalanas, ha asegurado que «vamos a apoyar este decreto aun pareciéndonos limosna porque vamos a evitar que el dinero público no se destine a gasto superfluo», tras lo cual ha confrontado los 19,7 millones de euros destinados en el decreto a la hostelería frente a tres contratos de publicidad institucional de la Consejería de la Presidencia por valor de 10,7 millones.

Alonso se ha preguntado por qué la Junta «no toma como modelo a la Comunidad de Madrid, con cifras esperanzadoras en estos sectores» y ha cerrado su intervención pidiendo el cese de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, por «la retirada de una cruz y tirarla a un vertedero».

La diputada de Adelante Carmen García ha sostenido que «el Gobierno andaluz no puede sacar pecho por las ayudas a los autónomos y las pymes» tras alegar que son incentivos «financiados con fondos de otras administraciones». «Éstas, con Fondos Feder», ha esgrimido. Ha recriminado que la concesión de las ayudas son para quienes «llegan primero y no para quien más lo necesita».

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