El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga ha dictado una sentencia por la cual anula parte de la junta general extraordinaria de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvipsa) celebrada el 8 de enero de 2019 y ordena la repetición de la misma en dos de sus puntos al entender que este acto y los acuerdos que en él se adoptaron se llevaron a cabo vulnerando los derechos fundamentales de los grupos de la oposición.
Así lo ha anunciado el portavoz municipal del PP, Francisco Delgado Bonilla, que ha subrayado que se trata de la quinta sentencia condenatoria por vulneración de derechos fundamentales que recibe el equipo de gobierno, “lo cual confirma lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo desde el grupo ‘popular’: el gran déficit democrático que existe en nuestro Ayuntamiento, sobre todo en las personas del alcalde, Antonio Moreno Ferrer, y del primer teniente de alcalde, Jesús Atencia”.
“Con esta sentencia, dictada hace unos días, Vélez Málaga se sitúa en el número 1 del ‘ranking’ nacional de ayuntamientos infractores que no respetan los derechos amparados por el artículo 23 de nuestra Constitución, pues es el consistorio que más veces ha sido condenado en España por este motivo”, ha lamentado el edil ‘popular’.
Delgado Bonilla ha explicado que la junta general que dio origen a este procedimiento fue convocada a petición del PP e incluía entre los asuntos a tratar un punto relativo al control y fiscalización de las contrataciones en Emvipsa entre 2015 y diciembre de 2018 y otro referido a una proposición sobre la cesión del derecho de superficie de Supercor a Maskom.
“Esta junta general se convocó por parte del alcalde el 8 de enero de 2019, pero no se nos entregó en ningún momento la documentación que solicitamos previamente. Solicitamos una serie de informes a la Secretaría General de Pleno, Intervención Municipal y al Departamento de Recursos Humanos de Emvipsa, pero ninguno fue emitido, circunstancia que provocó que el PP planteara una demanda por derechos fundamentales, que es la que ha derivado en esta sentencia”, ha detallado.
El portavoz ‘popular’ ha señalado que el fallo judicial anula los acuerdos adoptados en los puntos 2 y 4 de la junta general “por no ser ajustados a derecho”, declara que dichos acuerdos “vulneran el derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución” y ordena, por consiguiente, repetir la sesión respecto a los mencionados puntos.
En el caso de las contrataciones en Emvipsa, Delgado Bonilla ha indicado que en esta ocasión “sí que tendrán que entregarnos la pertinente documentación y el informe del interventor” con el fin de poder conocer la situación de la empresa en materia de personal y contrataciones, “área mediante la que se ha abierto una puerta trasera para colocar a amigos y militantes de los partidos en el Gobierno”.
Enchufismo y nepotismo
“Desde el PP venimos denunciando desde hace mucho tiempo la situación de enchufismo y nepotismo que se está dando en Emvipsa, con unas contrataciones que no respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad ni la limpieza y transparencia de los procedimientos y con unas bolsas de empleo que no se respetan en absoluto, pues se las saltan cuando quieren para colocar a personas afines”, ha afirmado el portavoz del PP.
En este sentido, ha precisado que más del 80 por ciento del presupuesto de la empresa se destina a gasto de personal y que se ha duplicado el número de trabajadores desde que el PP dejó el Gobierno municipal en 2015, “estando Emvipsa hoy, según los datos de que disponemos, por encima de los 800 trabajadores”.
“Hay una voluntad clara por parte del Gobierno municipal de tejer una red clientelar para consolidarse en el poder. Sabemos que hay muchísimos familiares y otras personas que han entrado sin reunir los requisitos para esos puestos de trabajo, y lo peor es que se intenta conseguir, al final, es entrar al Ayuntamiento por la puerta de atrás mediante la figura del fraude de ley. Existe, supuestamente, una trama o una especie confabulación para que los trabajadores contratados (familiares, afiliados a los dos partidos de gobierno, simpatizantes, etc.) puedan adquirir la condición de indefinidos no fijos por la utilización en fraude de las normas de contratación laboral”, ha afirmado.
Respecto al otro punto cuyo debate deberá volver a celebrarse en virtud de la sentencia judicial, la cesión de superficie de Supercor a Maskom, Delgado Bonilla ha recordado que existían informes negativos tanto del propio interventor municipal como del responsable económico de Emvipsa, “y entendíamos que faltaba también el informe de legalidad del Secretario General del Pleno del Ayuntamiento, que no se emitió y, por tanto, nos vimos obligados a plantear este derecho fundamental”.
Cumplimiento de la sentencia
El dirigente ‘popular’ ha insistido en que esta sentencia “no hace sino confirmar el déficit democrático de Antonio Moreno y del señor Atencia” y ha recordado al hilo de ello que el alcalde se sentará en abril en el banquillo de la Audiencia Provincial, enfrentándose a una petición por el fiscal de doce años de inhabilitación precisamente por otra vulneración de derechos fundamentales, en este caso por un pleno que no se celebró cuando fue requerido conforme a ley por parte del PP.
De igual modo, ha querido dejar claro que lo dispuesto en la sentencia, es decir, que se vuelva a convocar la junta general con los dos puntos mencionados, “se tiene que cumplir independientemente de que, como nos tememos, planteen un recurso de apelación contra la misma para dilatarla en el tiempo, pues se trata de una sentencia a un solo efecto y no queda suspendido el fallo por la interposición del recurso”.
“Por tanto, esperemos que el alcalde, teniendo en cuenta el procedimiento penal al que se enfrenta en poco más de un mes y medio, la cumpla en sus justos términos y tengamos esa junta general con toda la documentación que solicitamos en aquel momento”, ha agregado Delgado Bonilla.
El portavoz ‘popular’ también ha dejado claro que el PP “no quiere ni mucho menos judicializar la vida política municipal, pero no nos queda otro remedio, puesto que este equipo de gobierno nos lo pone muy difícil y nos obliga a ello”. En este sentido, ha criticado que no solo no se aprueben las numerosas propuestas constructivas que el grupo ‘popular’ presenta, “sino que además intentan obstruir y limitar nuestros derechos constitucionales de defensa de los intereses de nuestros vecinos”.
“Esperamos que situaciones como esta no se vuelvan a producir, pero mucho nos tememos que no será así dadas las cuestiones que venimos denunciado, por ejemplo, en la Fundación María Zambrano, que se ha convertido en otro chiringuito para enchufar a exconcejales del PSOE; o lo que está pasando con los contratos menores, que se utilizan para contratar a compañeros de partido, como los celebrados con la exdelegada provincial de Cultura. Son actuaciones que no interesa que se conozcan porque muchas de ellas estarían viciadas de ilegalidad o serían nulas”, ha considerado el edil.
En cualquier caso, Delgado Bonilla ha asegurado que el PP seguirá cumpliendo con su obligación y trabajando en defensa del interés general y de la legalidad, para lo cual denunciará públicamente las situaciones que vulneren ambos principios, “pidiendo el amparo o la tutela judicial cuando, como ha ocurrido en este caso, no se nos entregue la información y documentación que en derecho nos corresponda”.
