Alrededor de Granada capital ha crecido la población de manera importante concentrándose en 32 municipios. Sería absurdo no organizar toda la zona de forma conjunta, manteniendo las singularidades de cada uno de ellos, pero estableciendo una red de servicios, comunicaciones, enclavamientos logísticos, espacios libres, etc … de forma planificada. De esta forma se dará sentido y plena rentabilidad a la segunda circunvalación, al posible cierre del anillo si el estudio que se debe hacer así lo estima necesario, se potenciará el respeto a la Vega, a una planificación ambiental que reduzca la contaminación, consiguiendo una zona habitable, cómoda, agradable y sostenible.
El POTAUG, vigente desde 1999 ha podido frenar bastantes desmanes y ha actuado como plan de choque. Tenía como objetivos el garantizar complementariedad entre los distintos núcleos y la competitividad del conjunto respecto a sistemas regionales y nacionales y así lograr la mayor vinculación de los habitantes con su entorno, resolviendo los problemas de movilidad y preservando ciertos suelos para equipamientos supramunicipales y usos de interés general, regenerando espacios en proceso de degradación. Quizás lo más importante era el poner freno a las reclasificaciones indiscriminadas y a las tensiones especulativas sobre zonas como la Vega.
Quizás faltó entonces valor y elementos normativos suficientes para ir más lejos y forzar la desclasificación de un exceso de suelo o de otros merecedores de protección, pero sería injusto no reconocer al POTAUG el mérito de haber actuado en no pocas ocasiones como muro de contención de transformaciones perniciosas de suelos no urbanizables.
Aparte de ese mérito, pocos de sus restantes objetivos como Plan vertebrador se han conseguido y muchas de sus determinaciones resultaban cuando menos cuestionables desde un primer momento, más todavía transcurridos casi veintidós años de su entrada en vigor.
Era un Plan que se ha dejado anquilosar por el transcurso del tiempo, en la medida que los poderes públicos se han mostrado incapaces de sentar las bases para establecer una gestión administrativa coordinada en el contexto de los treinta y dos municipios que forman parte de su ámbito, y de adaptarlo a la evolución socioeconómica, técnica, energética, urbanística, medio ambiental y de desarrollo sostenible, así como los objetivos 2030 -2050 de la UE.
El planeamiento urbanístico debería haber tenido una coordinación más estricta a un nivel superior a fin de controlar la excesiva autonomía por parte de los Ayuntamientos. Actualmente la disciplina “urbanística” se integra en un entorno tridimensional donde lo organizacional, lo social y lo medioambiental son complementarios e indisociables.
Hay decenas de urbanizaciones con grandes bolsas de suelo urbano disponible, a las que los Ayuntamientos que autorizaron su construcción no pueden prestar los servicios mínimos a que están obligados. La segunda circunvalación con las distintas VAU de acceso a ella y el estudio del “Cierre del Anillo” son fundamentales para la conexión del territorio siempre que estudios técnicos rigurosos avalen su actualidad. Existen una grave crisis fiscal de muchos de los Ayuntamientos del área y grandes equipamientos urbanos redundantes.
Conocer el “Estado actual de desarrollo urbano” es básico y fundamental como estado previo a la toma de decisiones y planificación de la ciudad en el contexto de los límites geográficos del municipio para asociar lo urbanita y lo rural, debiendo para ello incluir la aplicación de indicadores de sostenibilidad ya existentes y prácticamente poco o casi nada utilizados pero que son imprescindibles para evaluar, caracterizar y diseñar una “estrategia de simbiosis urbana y rural” que marcará un antes y un después en el urbanismo y áreas periféricas.
Hay que rehabilitar lo viejo o lo mal construido; devolver a sus usos primitivos parte del suelo artificializado; unir todo lo que ha crecido separado; transformar en anillos verdes los vacíos territoriales; cohesionar social, cultural y económicamente los núcleos urbanos desintegrados; transformar y mejorar las energías utilizadas; y jerarquizar y dar un uso adecuado a los equipamientos redundantes construidos.
Se necesita un órgano supramunicipal con competencias en aspectos esenciales como la prestación de servicios, la elaboración de planes de movilidad y transporte o la definición de los usos del suelo.
Dicha entidad necesita un liderazgo y una legislación que la ampare y que permita la gestión. La nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), es sin duda una oportunidad para la necesaria coordinación entre los municipios que conforman la aglomeración de la comarca de la Vega. El proyecto de dicha ley establece una serie de instrumentos de gestión territorial, que podrían garantizar “la realización de las actuaciones, su valoración económica y la programación temporal” previstas en el nuevo POTAUG que será necesario redactar.
Se echa en falta en dicho proyecto de ley la adscripción de dichos instrumentos de gestión a un órgano político-administrativo con representación municipal que impulse y desarrolle el programa de gestión territorial correspondiente. De cara a la importancia de este plan dentro de Andalucía, debemos pensar en la realidad de la gestión de una ciudad de 650.000 habitantes y no solo de los 225.000 de la capital.
Casi todas estas ideas las dimos en un artículo publicado en medios granadinos el 21/4/2013. Parece ser que el Ayuntamiento de Granada tiene en la actualidad las mismas intenciones, lo cual sin duda es muy positivo, pero debe ejercer su iniciativa de forma coordinada y consensuada con el resto de los municipios, con la participación de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía. Deberán crear el órgano supramunicipal adecuado. Insistimos en que no basta con tener la idea, sino que hay que gestionarla y realizarla con eficacia. Para conseguir esto deben cambiar la mentalidad de gestión que se ha llevado hasta ahora y poner al frente de esta idea a gestores realmente capaces.
ASOCIACIÓN GRANADA FUTURO: José Mª Aguilar Ing. de Caminos, empresario; Luis Curiel empresario; Pedro Ferrer Ing. de Caminos, funcionario; Salvador Frutos Economista; Miguel Giménez Yanguas Ingeniero Industrial; Fernando Girón Ing. de Caminos, empresario; Emilio Gómez Villalba Ingeniero Industrial; Emilio Herrera, Arquitecto; Enrique de la Higuera Abogado, Pte. Asoc. Empresarios Sierra Nevada; Carlos Infanzón. Ingeniero Industrial; Juan Miguel Mtnez. Cañavate empresario; Segismundo Nogueras Ing. Agrónomo, empresario; Antonio Perera Economista; Ignacio Pozo CEO Jurídico; Agustín Ruiz Robledo Catedrático universidad; José Luis Santana, abogado; Manuel Sola, empresario; Miguel Valle, Arquitecto; Manuel Vizcaíno Ing. de Caminos, funcionario.
