La Delegación de Salud y Familias celebra la  segunda Comisión de Violencia de Género

Se han analizado las consecuencias neuropsicológicas que sufren las víctimas tras presentar una denuncia por violencia de género.

La Delegación territorial de Salud y Familias de Jaén, a través del Servicio de Salud, ha celebrado la segunda Comisión provincial de Violencia de Género que ha tenido como principal objetivo la creación de grupos de trabajo para comenzar a abarcar asuntos relacionados con la prevención en materia de violencia de género en los centros sanitarios de la provincia.

En concreto, se han creado dos subgrupos de trabajo en el seno de dicha comisión, uno de ellos para la mejora en la cumplimentación de los partes de lesiones y la comunicación directa y continuada con la Fiscalía de Violencia de Género, el otro, para la puesta en marcha e implementación en los centros sanitarios y hospitales de la provincia, el compromiso con la calidad en la atención a estas mujeres a través de un programa de acreditación en esta materia.

En este sentido, los Centros Comprometidos Contra la Violencia de Género reciben un distintivo que otorga la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) como reconocimiento a la labor de los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía en la atención a las víctimas y en la lucha contra la violencia de género desde el ámbito sanitario.

Esta acreditación da más visibilidad a los centros como espacios comprometidos contra la violencia de género, un reconocimiento que se trabaja de forma previa con la implicación y sensibilización de los profesionales a través de comisiones o grupos de trabajo.
Además, se ha desarrollado una ponencia por la profesora titular en psicología de la Universidad de Granada, Natalia Hidalgo, basada en un estudio de investigación sobre las secuelas neoropsicológicas que soportan las víctimas de violencia de género fisica o psicológica continuada una vez que deciden denunciar a su agresor. Por una parte, ha resaltado que ésta es, en primer lugar, la causa principal de reducción de calidad de vida, daño y muerte para las mujeres, también genera multitud de secuelas para la salud física, mental y social y ha comentado que las consecuencias persisten cuando el maltrato ha finalizado por el estrés mantenido, el trastorno y el estrés postraumático.

Las Comisiones Provinciales de Salud deben velar por el cumplimiento de la normativa vigente, difundir a los profesionales para su conocimiento, los recursos existentes en la provincia, garantizar el compromiso de las instituciones sanitarias por la mejora continua en la calidad de los contenidos de los partes de lesiones emitidos, detectar los puntos débiles del abordaje integral de la violencia de género en su ámbito para implementar elementos de mejora, diseñar, presentar e impulsar cuantas propuestas de desarrollo y mejora se propongan en lo que a la violencia de género se refiere, proponer cualquier otra función que se estime oportuna, consensuada desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y la representación institucional en las Comisiones Intersectoriales o Interinstitucionales a nivel provincial.

El Estatuto de Autonomía asume un fuerte compromiso en la erradicación de la violencia de género y en la protección integral a las mujeres, al establecer, en su artículo 16, que las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas.

Por ello, además la Ley 7/2018, de 30 de julio responde al desarrollo específico de las estrategias contra la violencia de género, y constituyen el reconocimiento de los derechos de las mujeres en orden a su protección y atención. En ellas se indica que serán objeto de la misma la adopción de las medidas para la erradicación de la violencia de género que resulten necesarias y entre sus principios rectores están desarrollar y aplicar políticas y acciones con un enfoque multidisciplinar, a través de acciones institucionales coordinadas y transversales, de forma que cada poder público implicado defina acciones específicas desde su ámbito de intervención de acuerdo con modelos de intervención globales y promover la cooperación y la participación de las entidades, instituciones, asociaciones y agentes sociales.

Esta es la segunda Comisión provincial de Violencia de Género que se celebra tras su creación el pasado mes de noviembre. De esta forma, se cumple con la legislación vigente en materia de violencia de género en Andalucía, bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

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