La delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Jaén, Soledad Aranda, ha defendido la necesidad de modificar el diseño de la Política Agraria Común (PAC).
Así lo ha indicado en la conferencia ‘PAC 2023: principales novedades en Andalucía’, organizadas por Santander Agro en Úbeda, donde ha insistido en la citada petición hecha al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según ha informado este martes la Junta.
A su juicio, la nueva PAC va a suponer “una serie de incertidumbres que, precisamente en este momento, no vienen nada bien al sector” y ha aludido a la difícil situación que atraviesa el campo tanto por la situación actual de sequía como por los niveles de inflación y los costes derivados de la guerra en Ucrania.
“Aún estamos en fase de diseño, ya que aún no se ha aprobado la mayor parte de la normativa que la rige, y esto genera desconfianza e incertidumbre en el sector”, ha manifestado la delegada.
Además, ha criticado la “falta de consenso” entre las comunidades autónomas a la hora de diseñar el nuevo plan estratégico de la PAC. Ha añadido que “nace de un nuevo modelo de gobernanza en el que la Unión Europea permite a los países un mayor grado de autonomía, pero esto no ha sucedido en España”.
Aranda ha incidido en el impacto socioeconómico que tendría la aplicación de la nueva PAC en el territorio y ha apuntado que “se exige más al agricultor con menos dinero”, de manera que “la merma en el sector será acuciante”.
Por ello, según ha explicado, Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma en establecer flexibilidades y solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una moratoria en la aplicación de los ecoesquemas, además de que consideren al olivar un ecoesquema ‘per se’.
“Andalucía es la primera comunidad autónoma en aprobar el régimen transitorio de flexibilidades para la aplicación de los ecoesquemas, algo que va a suponer una disminución de las cargas ganaderas mínimas exigibles para cobrar las ayudas necesarias”, ha comentado.
A ello ha sumado que la rotación de cultivos ha pasado de un 50 por ciento de obligatoriedad del terreno al 25 por ciento y el aumento en un 20 por ciento (del 20 al 40) la posibilidad de dejar la superficie en barbecho, “siempre pensando en poder ayudar al sector en una difícil situación como la que atraviesa el campo”.
Por otro lado, la delegada ha abordado en esta conferencia los “inconvenientes” del nuevo modelo de ayudas directas, con el que se modifica la ayuda básica a la renta, pasando de 50 regiones productivas a 20.
“Por ejemplo, en el caso de la comarca de La Loma, una de las que mejor ha modernizado sus explotaciones, ahora se integra con otras comarcas, con lo que se produce un trasvase de fondos que va a suponer una pérdida en la comarca de 18 millones de euros anuales”, ha dicho.
Finalmente, Aranda ha señalado que es “el momento de remar unidos y trabajar para ayudar”, en la medida de las competencias, a un sector vital en el medio rural como es el agrícola y ganadero.
