Los menores infractores de Málaga podrán cumplir las medidas judiciales que les impongan los juzgados colaborando con la labor de la ONG Madre Coraje, con el objetivo de que estos jóvenes realicen trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socieducativas impuestas por los jueces.
Para ello, la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Málaga, Teresa Pardo, y la responsable de la ONG en la provincia, Miriam Rein, han firmado un convenio que facilitará que este tipo de medidas de medio abierto, que no conllevan internamiento de los menores, sean ejecutadas en la entidad.
El objetivo principal es favorecer la reeducación de estos jóvenes promoviendo la realización de acciones sociales en su entorno, en este caso, colaborando con “la importante labor” que lleva a cabo Madre Coraje con colectivos especialmente vulnerables. “Se trata de ayudarles a ellos y a la sociedad, enseñándoles valores como la generosidad y el compromiso intrínsecos a los voluntarios de Madre Coraje”, ha defendido Pardo.
Así, los jóvenes llevarán a cabo labores de atención a los usuarios de la ONG, siempre bajo la supervisión del personal de la entidad y los servicios de Justicia Juvenil de la Delegación, además de la pertinente autorización judicial.
La delegada ha agradecido a la organización su colaboración para facilitar esta posibilidad a los menores infractores de hacerles partícipes de la labor social que realizan. “Ver de cerca este trabajo y contribuir al mismo es una forma de reorientar sus pasos para evitar que repitan las conductas que les han llevado ante un juez de Menores”, ha subrayado.
El convenio suscrito tiene una duración de cuatro años y la realización de estas tareas no implica ningún tipo de relación laboral con la entidad ni son remuneradas. Además, todas deberán estar adaptadas a las capacidades del menor y estarán relacionadas con las actividades que desarrolla la misma.
Con este tipo de convenios “se persigue canalizar la cooperación y colaboración entre las administraciones regional, ayuntamientos o entidades privadas para la ejecución de las medidas y la intervención en el entorno familiar de menores infractores en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas”.
Tal y como recoge la Ley del Menor y como administración competente en Justicia Juvenil, “la Consejería y sus delegaciones tienen la potestad de alcanzar este tipo de acuerdos con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas”.
