¿Sólo transparencia?

El nuevo fiasco que Granada ha cosechado con su no elección como sede física de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), exige que la ciudadanía reaccione y demande que nuestra clase política no deje pasar la oportunidad de reivindicar lo que por derecho nos corresponde y nos han sustraído. Granada no merecía otro agravio y menos aún que el paso del tiempo lo diluya engrosando la lista de las muchas afrentas ya padecidas.

No basta con quedarse en la mera exigencia de conocer todos los aspectos del acto administrativo por el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha privado a Granada de ser la elegida siendo la mejor propuesta de excelencia de todas las localidades presentadas a la selección para ser designada como lugar de instalación de la sede física de la nueva Agencia.

Granada ha presentado el mejor proyecto, la propuesta más sólida, como se reconoce por la propia comisión consultiva designada para evaluar las candidaturas presentadas. Por eso no es suficiente con reclamar explicaciones. Hay que conminar que se cumplan las bases del concurso y que se respete el estado de derecho.

La sociedad de Granada debe reclamar de modo contundente, una vez que hemos conocido y estudiado el Acuerdo del Gobierno de 5 de diciembre, que la arbitrariedad con la que nuestra candidatura ha sido postergada, sea interdicha. Porque el art. 9.3º de la Constitución de 1978 estima contraria a derecho cualquier decisión de los poderes públicos que carezca de fundamento suficiente, infrinja principios a los que deben estar sometidas las potestades públicas, incurra en manifiesto error de hecho o esté adoptada de acuerdo con razonamientos inaceptables por su incoherencia por no considerar otras opciones más favorables o porque conducen a resultados tan indebidos como absurdos.

Por todo eso no basta con solo pedir transparencia, con requerir algo tan somero como pedir luz y taquígrafos y quedarse ahí; porque son muchos puestos de trabajo los que están en juego, como también quedan truncadas severamente muchas aspiraciones legítimas de nuestros profesionales, de nuestras empresas del sector, de nuestros investigadores y de nuestro futuro como sociedad.  

Por eso hay que reivindicar la reconducción a derecho de una decisión antijurídica que nos lesiona. Para ello están los tribunales, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ante la cual debe instarse la revisión de la actuación del Gobierno. Las Administraciones públicas territoriales con legitimación para ello, Junta, Diputación y Ayuntamiento, y la Universidad de Granada como ente del sector público institucional deben recurrir ante la jurisdicción contenciosa instando la nulidad de un acuerdo que vulnera el ordenamiento jurídico y que va contra los intereses generales de Granada.

César Girón
César Girón
Granadino, entre otras cosas es Letrado de la Junta de Andalucía, abogado, y escritor. Actualmente es presidente de distintas entidades intelectuales como Granada Histórica o Sociedad Civil de Granada Juntos por Granada. Colaborador de distintos medios de comunicación de ámbito local, regional y nacional.

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