La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha llevado a cabo “una de las mayores actuaciones” contra el urbanismo ilegal en Andalucía al tomar medidas en tres parcelaciones en suelo rústico en el Paraje Garciago, en Jerez de la Frontera (Cádiz), junto al circuito de velocidad jerezano, al paralizar parcelaciones formadas por más de 125 construcciones ilegales.
La Junta de Andalucía ha explicado en una nota que, amparada en la Ley Lista, ha iniciado un expediente que prevé sanciones de más de 1,2 millones contra los responsables de los terreros, donde se han paralizado parcelaciones de 31, 23 y 71 lotes o subparcelas en las que “con una inusitada rapidez” se estaban instalando viviendas sin licencia.
A la operación, coordinada por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ha asistido personal de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural con competencias en materia de aguas, vertidos y pozos ilegales, y personal de las compañías suministradoras (Endesa y Aquajerez) para cortar suministros ilegales. Todos ellos, acompañados de la Policía Autonómica, Guardia Civil y Policía local de Jerez de la Frontera.
En los últimos meses se habían instalado en estos terrenos rústicos más de 80 edificaciones ilegales, en su mayor parte prefabricadas, hecho que provocó una incidencia directa en el sistema de asentamientos. Esta circunstancia ha motivado la intervención urgente de la Junta y la adopción de medidas cautelares de precinto para garantizar la suspensión inmediata de las obras y usos ilegales.
La transformación del paraje Garciago no es apreciable en las ortofotos ni en las imágenes satélites disponibles debido a la rápida actuación del parcelador, según ha advertido la Junta. La zona, que estaba originalmente en estado seminatural con matorral y arbolado disperso, se ha transformado de manera integral mediante movimientos de tierra, nivelación y compactación del terreno, trazado de viarios y divisiones interiores de manera sucesiva y simultánea, en decenas de lotes con tamaños y formas similares que oscilan entre los 200 y 700 metros cuadrados de superficie.
La Guardia Civil detectó las primeras instalaciones de viviendas prefabricadas, caravanas, contenedores y piscinas en un dispositivo conjunto de vuelo del dron de la Inspección de la Junta de Andalucía y el Paprona realizado el pasado mes de noviembre. En la actuación se constató el alcance territorial del proceso, con la existencia de nuevas obras de urbanización, segregaciones, concentración de edificaciones y una amplia diversidad de ocupaciones.
El interior de cada una de las tres grandes parcelaciones –llamadas Jerezana de Porsch, finca la Jerezana la Micaela y Eco Rural el Manzano Jerezano– se había rodeado por una gran malla metálica, accediéndose a su interior por un portón de acceso. En su interior se han construido caminos que dan acceso a cada uno de los lotes o subparcelas en los que los distintos compradores o socios instalan y construyen sus edificaciones ilegales. Todo ello, acompañado de enganches ilegales de luz, captaciones y vertidos no autorizados de agua que generan un impacto medioambiental, además de problemas de seguridad.
PRECINTOS
Los precintos practicados por la Junta prohíben el acceso a las parcelas a sus propietarios y su rotura faculta a la administración a imponer multas de hasta 5.000 euros cada una por periodos de diez días, además del correspondiente traslado a Fiscalía por delito de desobediencia. Con carácter previo a la práctica de precintos, el administrador de la sociedad y todos los propietarios conocidos fueron citados a pie de parcela para ser informados de la medida adoptada y de las consecuencias de su incumplimiento.
Además del procedimiento de restablecimiento de la legalidad, encaminado a la reposición de los terrenos a su estado originario, la Junta ha iniciado procedimientos sancionadores contra los responsables identificados por más de 1,2 millones de euros. Simultáneamente, la Inspección Autonómica realiza actuaciones de investigación mediante solicitudes de información al Registro Mercantil, Registro de la Propiedad, Catastro o notarías, para buscar a otros posibles responsables.
De conformidad con el artículo 166 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), en caso de parcelaciones urbanísticas serán sancionados, además de la persona propietaria inicial de los terrenos que se lucra mediante la venta de cuotas de suelo rústico, todos aquellos que cooperen en el ejercicio de sus profesiones con un acto sin el cual no se habría realizado, y los adquirentes en proporción a la participación de uso, cuota o participación adquirida.
La Consejería de Fomento ha señalado el problema “social, ambiental y territorial” que suponen las parcelaciones en suelo rústico, infracción territorial calificada en la ley como “muy grave”, y para la que la administración autonómica cuenta con competencia directa para actuar tras la entrada en vigor de la ley Lista.
Las parcelaciones ilegales se han materializado mediante sociedades interpuestas, la última de ellas formalizada en noviembre de 2022. Se trata de un mecanismo de ingeniería jurídica utilizado de manera fraudulenta para dar cobertura a la venta ilegal de parcelas de suelo rústico que no cumplen la unidad mínima de cultivo, todo ello con una evidente finalidad urbanística.
