La asociación Sociedad Gitana Española, en representación de varios de los denunciantes por los altercados que se produjeron en Íllora, tras la muerte violenta el pasado 15 de agosto de un joven, va a pedir al juez la investigación del alcalde de este municipio del Poniente de Granada, Antonio José Salazar (PSOE), por supuestamente “promover una concentración” tras el crimen, por el que hay otro joven en prisión provisional, “a sabiendas” de los riesgos que podía tener para la seguridad ciudadana.
Así lo han indicado este miércoles en un comunicado en que también han adelantado que pedirán la investigación del jefe de la Policía Local, que ya declaró como testigo en esta causa, que lleva el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Loja, en unas diligencias previas que se siguen de forma separada al proceso judicial por el supuesto homicidio.
La hacen extensiva también a los componentes de este cuerpo de seguridad municipal y a los del grupo de actuación de la Guardia Civil en estos incidentes “y a sus inmediatos superiores” por la presunta comisión de “omisión del deber en el ejercicio de sus funciones” pues consideran que “era totalmente previsible lo que al final y desgraciadamente tuvo lugar con los ataques” de un supuesto “grupo organizado, violento y radical contra las familias gitanas que residían en el pueblo”.
El secretario de Sociedad Gitana Española, Ángel Benedicto, ha indicado a Europa Press también que ven necesaria la dimisión de estos mandos, “que no enviaron refuerzos”, sin descartar hacer extensiva esta petición a la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro.
Entre este pasado martes y miércoles, el juez ha citado a declarar como testigos a cinco agentes de la Guardia Civil en las diligencias previas que mantiene abiertas, en principio contra 14 personas. También estaba llamada una investigada, que no se ha presentado por segunda vez, ha detallado Benedicto.
Tras los hechos, Sociedad Gitana Española interpuso denuncia en Fiscalía contra el alcalde de Íllora por una supuesta incitación al odio tras la muerte violenta del joven, la cual retiró posteriormente con la vuelta al pueblo de las familias que tuvieron que salir de él por los ataques.
En la noche del 15 de agosto, y según detalló en su momento Sociedad Gitana Española, “un grupo de vecinos intolerantes, racistas y violentos asaltaron las casas de varias familias gitanas destrozándolas, volcando sus vehículos e incluso robando enseres y dinero de esas familias, empujándolas a una situación de desamparo y exclusión social”.
Por otra parte, la Unión Ciudadana del Municipio de Íllora, que se creaba tras la muerte violenta del joven del municipio a mediados de agosto, ha convocado desde entonces distintas concentraciones pidiendo seguridad y justicia para el fallecido por lo que consideran que fue un asesinato, y no un homicidio.
