El Pleno del Ayuntamiento de Granada tiene previsto reunirse este viernes en convocatoria extraordinaria para prorrogar de su plan de ajuste hasta 2034, en el marco de una operación para la amortización de un crédito del Gobierno con la que esta misma semana se pagarán 35,5 millones de euros a proveedores.
Así lo ha explicado a Europa Press la concejal de Economía de Granada, Raquel Ruz (PSOE), que ha adelantado que el asunto irá previamente a la comisión municipal del ramo, que, después de su reunión ordinaria de este lunes, se volverá a convocar de manera extraordinaria previsiblemente el miércoles.
El pasado viernes, el portavoz del Grupo de Unidas Podemos e Independientes, Antonio Cambril, advirtió de que el plan de ajuste del Ayuntamiento de Granada “tendrá que modificarse y prorrogar” hasta, según ha apuntado, el 31 de diciembre de 2034, lo que conllevaría “una enorme dificultad para el Consistorio a la hora de realizar inversiones en la próxima década”.
Los plazos marcan que para ello ha de reunirse el Pleno para la aprobación, según ha detallado Ruz, de la prórroga por la amortización del crédito que el Gobierno concede a través del Instituto de Crédito Oficial, con condiciones “mejores” que las del mercado, y permitiendo un periodo de carencia al Ayuntamiento de cuatro años desde septiembre, con las “facilidades” que ello supondrá al equipo de gobierno del próximo mandato.
En virtud de los intereses de demora y lo que el actual equipo de gobierno ha conseguido “ahorrar”, ha explicado Ruz, a partir del quinto año el crédito se empezará a amortizar, en el marco de esta operación que significa en la práctica dejar la deuda comercial “a cero”.
Por otro lado, en la reunión de este lunes de la comisión delegada de Economía, Hacienda, Personal, Servicios Generales, Organización y Servicios Jurídicos se ha aprobado un montante de más de 750.000 euros en concepto de recursos eventuales para sufragar distintas partidas, incluidos gastos extraordinarios por la convocatoria de las elecciones municipales del 28 de mayo.
Incluyen también asignaciones para grupos políticos y el pago de intereses de demora por sentencias desfavorables, o el coste de actuaciones de talleres socioterapéuticos o para el funcionamiento de instalaciones para personas sin hogar.
Por último, se ha dado el visto bueno al destino de una partida de más de 100.000 euros del antiguo protocolo COVID con el que se procedió a la limpieza extraordinaria en colegios a gastos de defensa por procedimientos penales o de otra índole, que son indemnizables en caso de resultar inocentes representantes que hayan pertenecido a la corporación o funcionarios públicos del Ayuntamiento.
