El secretario de Organización del PSOE de Granada, Álex Casares, ha denunciado este miércoles que el PP “siga sin dar explicaciones sobre los graves asuntos que afectan de manera directa a la candidata a la Alcaldía de la capital, Marifrán Carazo, y al alcalde de Alhendín y presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez”.
“Carazo aterrizó en Granada valiéndose de su cargo institucional, para darse a conocer y a horas de que comience la campaña electoral sigue sin explicar el ‘Caso Carazo’, de presuntas adjudicaciones a dedo de contratos por importe superior a cuatro millones a empresas fantasma, que no tienen ni sede social ni trabajadores”, ha señalado en una nota.
Casares también ha aludido a una supuesta investigación de la Fiscalía a Francisco Rodríguez en relación a la construcción de un cortijo. “No ha dicho absolutamente nada después de lo que hemos conocido por los medios; los representantes públicos debemos dar ejemplo, ante situaciones como ésta la gente necesita obtener explicaciones y respuestas, es decir transparencia”, ha dicho.
Así, ha lamentado que al PP “le cueste mucho trabajo como ha quedado demostrado con casos como los contratos de Carazo o el presunto pago de multas con dinero público por parte de la alcaldesa de Motril”.
Ante el inminente inicio de la campaña del 28M, ha señalado que “deberíamos trabajar con respeto y en positivo para explicarle a la ciudadanía los proyectos políticos que defendemos para todos y cada uno de los municipios. Creemos que así es como se ganan las elecciones. Haciendo balance de gestión, hablando de los proyectos municipalistas, sin hurtarle el debate sobre lo local a la gente, y con juego limpio”.
“Mucha publicidad y propaganda por parte de la candidata del PP en la capital, carpa va y despacho viene. Ha llegado a subirse a un púlpito, no sabemos si en busca de un milagro, pero la hemos oído bien poco sobre los temas importantes de la ciudad”, ha expuesto.
Casares también ha criticado que el PP “se haya saltado la ley electoral y batir récord de incumplimientos con hasta ocho resoluciones contrarias a candidatos y alcaldes por parte de las Juntas electorales de zona”.
El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, y la diputada provincial Carmen Lidia Reyes han sido multados con 300 euros cada uno por venta de logros en la inauguración de una feria y en periodo expresamente prohibido, y el alcalde la Tahá, Marcelo Avilés, también por la publicación en redes de un vídeo grabado en el despacho del Ayuntamiento solicitando el voto para el candidato a la alcaldía.
Asimismo, las Juntas electorales de zona han requerido la retirada de contenidos en redes o espacios físicos en municipios como Albolote, Huétor Vega, Ogíjares o Molvízar o incluso la prohibición para celebrar eventos como ocurrió en Vegas del Genil, donde se invitó a un evento a jóvenes mediante carta personalizada y a domicilio, “sin que se haya aclarado cómo fueros recopilados dichos datos, lo que supone además un grave incumplimiento de la Ley de Protección de Datos”.
A todo lo anterior, hay que sumar la “guerra sucia, tan habitual en el PP, como en el caso de Pulianas, donde el coordinador de campaña del PP, que además forma parte de la candidatura, ha sido denunciado por agresiones a un concejal socialista del Ayuntamiento”.
“Le pedimos que abandonen este tipo de prácticas. La normativa es clara y no ha cambiado nada desde hace años, por lo que ya deberían conocerla perfectamente”, ha remarcado para aseverar que, a tenor de los hechos relatados, “sería un verdadero problema poner al frente de ayuntamientos como Granada, Alhendín, Motril, Órgiva o La Tahá a personas que muestran tan poco interés por la transparencia, las explicaciones públicas o el cumplimiento de la normativa”.
