La candidata número uno del PP al Congreso de los Diputados por Córdoba, Isabel Prieto, ha defendido este jueves que si el popular Alberto Núñez Feijóo es el presidente de todos los españoles tras el día 23 de julio, “derogaremos la Ley de Vivienda y aprobaremos una ley contra la ocupación ilegal”.
Así lo ha subrayado Prieto tras mantener un encuentro con la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor), junto a la candidata número dos al Senado del PP cordobés, Cristina Casanueva, para analizar la realidad del sector y escuchar sus demandas.
Al respecto, ha detallado que el proyecto del PP aboga por “impulsar un pacto nacional por la vivienda, en el que intervengan todos los actores”. “Trabajaremos para bajar los impuestos estatales en el acceso a primeras viviendas para jóvenes y mayores, para garantizar el acceso a la financiación hipotecaria y para aportar suelo estatal para la promoción de vivienda protegida a precio asequible, dando fórmulas de alquiler con opción a compra”, ha comentado Prieto.
Además, ha asegurado que trabajarán para “garantizar la seguridad jurídica de las normativas de vivienda de las comunidades autónomas y no interferir con políticas cargadas de ideología en materia de alquiler”. Y para eso, ha agregado, “será necesario aumentar el presupuesto para garantizar la accesibilidad y la rehabilitación de vivienda, además de garantizar la protección a las personas que no pueden seguir pagando la hipoteca y corren el riesgo de perder la vivienda”.
Mientras, la candidata al Senado ha criticado que “la Ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez invade competencias autonómicas y vulnera el Estatuto de Autonomía”, de ahí que haya defendido “la impugnación de 18 artículos y cuatro disposiciones adicionales”.
Según ha expuesto, “Sánchez se ha radicalizado al aceptar las propuestas de Bildu y ERC y ha empeorado una ley de vivienda que ya era mala, y que agrava el problema de la vivienda donde encontramos más intervencionismo, más sectarismo, más ataque a la propiedad privada y más inseguridad jurídica”, a lo que ha agregado que “esto origina menos oportunidades para el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes y los colectivos vulnerables”.
En este caso, Casanueva ha asegurado que “la Ley estatal invade competencias autonómicas en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio, no deja espacio de regulación a las comunidades autónomas y regula asuntos que ya estaban regulados por la administración autonómica”.
“LEY INTERVENCIONISTA”
“Estamos ante una ley permisiva e intervencionista, que permite la ocupación ilegal de viviendas, que ataca a la propiedad privada metiendo la mano en el precio de los alquileres, que se ha aprobado a espaldas de las comunidades autónomas y sin contar con el sector, que son los directamente implicados”, ha dicho.
Por ello, ha afirmado Casanueva, “el Gobierno de Andalucía tramita un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley y propone la impugnación de 18 artículos y cuatro disposiciones adicionales”.
