La diputada de Vox en el Parlamento de Andalucía, Purificación Fernández, ha exigido este sábado a la Junta de Andalucía por la situación en la que quedan los casi 400 trabajadores de las residencias de tiempo libre que ha vendido para plantear que “debe llevarse a cabo de manera transparente y legal, respetando los derechos laborales de los afectados para fortalecer la integridad del proceso”.
Según la parlamentaria de Vox, esa reubicación “no sólo debe basarse en una estrategia para mantener empleos, sino también para que se optimicen los recursos, promover la estabilidad económica y asegurar un proceso justo y legal”, según una nota de este partido.
Fernández ha defendido que ese proceso de recolocación también debe “responder a un criterio de necesidad dentro de la propia Junta de Andalucía”, de manera que se asegure “que cada empleado contribuya de manera significativa al funcionamiento eficiente de las distintas áreas donde finalmente sea reubicado”.
El Gobierno andaluz ha decidido desprenderse de las cuatro residencias que tiene en propiedad en Marbella (Málaga), Aguadulce (Almería), La Línea (Cádiz) y Pradollano (Granada), mientras que cerrará otras dos que ubicadas en edificios cedidos por los ayuntamientos de Punta Umbría (Huelva) y Siles (Jaén).
Vox ha puesto el acento en “la mala gestión de PSOE y PP” para poner de manifiesto “pérdidas acumuladas de 123 millones de euros desde 2015”.
Purificación Fernández ha planteado que la venta de estas Residencias de Tiempo Libre de Andalucía se produce porque, desde la administración autonómica, “no se ha hecho lo posible para generar el impacto que se esperaban los andaluces”, causada por “la continuada mala gestión durante todos estos años de los diferentes gobiernos, antes del PSOE y ahora del PP”.
“Estos centros arrastran desde el 2015 unas pérdidas de 123 millones de euros, lo que supone una media de 15 millones de euros al año”, ha remarcado.
La parlamentaria de Vox ha señalado como uno de los casos más sangrentes, como fue del de la residencia de Marbella, “en el que 185 de los 235 bungalows que se encuentran en primera línea de playa tuvieron que ser tapiados para evitar ocupaciones ilegales porque no están siendo comercializados”, según los datos de la propia Junta.
