La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha defendido las políticas sociales como un pilar clave para la transformación de Andalucía por su contribución fundamental para para afrontar los nuevos cambios de la sociedad tras la pandemia y su potencial como motor económico y de creación de empleo. Ruiz ha resaltado que el Ejecutivo andaluz, en sintonía con los planes europeos de recuperación que avalan que “la transformación económica no será viable sin una transformación social”, trabaja ya con nuevas medidas para combatir la exclusión, entre las que sobresale el nuevo ingreso por la infancia y la inclusión (IPII). Una ayuda, ha dicho, que al ser compatible con el empleo se convertirá en una herramienta crucial para sacar de la pobreza severa a más de 800.000 andaluces.
Ruiz ha analizado en una conferencia organizada por el Foro Joly el cambio de modelo de políticas sociales en Andalucía durante esta legislatura. En su intervención ha explicado cómo se han sentado las bases para un modelo de inclusión y centrado en la persona frente a anteriores fórmulas asistencialistas, “basadas únicamente en prestaciones económicas a las personas vulnerables y que se ha demostrado a todas luces insuficiente para combatir la pobreza estructural que padece nuestra tierra desde hace ya demasiado tiempo”.
La responsable de Igualdad ha detallado que ese giro se ha basado en que las políticas sociales son “derechos sociales, no ayudas o caridad, y como tal deben estar blindados presupuestariamente y garantizados, como hemos hecho esta legislatura con el mayor presupuesto de la historia en políticas sociales, con una inversión récord de 2.600 millones de euros en 2021”. Y ha enfatizado que para que esos derechos fueran efectivos para el mayor número posible de personas “era necesaria mejorar la gestión, adaptar la Administración al siglo XXI y la transformación digital”. “Ha llegado la innovación, la digitalización, y para nosotros era una apuesta fundamental agilizar todos los trámites para dedicar el tiempo a las personas, a la intervención”, ha señalado.
Asimismo, Ruiz se ha referido a la necesidad de evaluar las acciones y las políticas públicas mediante criterios científicos y objetivos, a fin de realizar un diagnóstico y “cambiar lo que no funciona, con control y transparencia”. Una evaluación que, de paso, ha permitido “acabar con prejuicios e ideas preconcebidas” y constatar que las políticas sociales “no son un gasto, sino una inversión, y que hoy en día suponen el 2,5% del PIB andaluz, por encima de la banca, la sanidad privada o las telecomunicaciones”.
La formación, base de la transformación social.
En este punto, la consejera de Igualdad se ha centrado en las medidas acometidas esta legislatura para paliar la pobreza severa en Andalucía, “que el modelo asistencialista de una mera ayuda económica no ha conseguido frenar”. Frente a ello, Ruiz ha defendido que la estrategia debe pasar por “sostener a las personas y ofrecerles un proyecto de vida para que puedan abrir las puertas al futuro, un modelo de inclusión con estímulos para el empleo”. “Esta es la base para la transformación social, para que avancemos todos al mismo paso y con las mismas oportunidades, y eso solo se consigue con formación”, ha aseverado.
Según ha explicado, el nuevo IPII que ultima su departamento es una iniciativa enfocada a las personas vulnerables y con menores de edad que será compatible con otras prestaciones estatales y, sobre todo,con un trabajo. “El objetivo último de cualquier política pública de renta mínima o de garantía de ingresos debe ser la emancipación de las personas a través del empleo, para conseguir así una vida autónoma y plena, rompiendo la cronificación de la pobreza y la dependencia del asistencialismo”, ha insistido.
Así, esta iniciativa incluye itinerarios formativos y un proyecto individualizado de inserción social y laboral y será compatible con un puesto de trabajo, a fin de que sea también útil para las familias que, pese a contar con un empleo, no superan el umbral de la pobreza. Además, el IPII pone el acento en la infancia, “quienes más sufren la pobreza y la desigualdad”, con el objetivo de reducir los indices de pobreza infantil, erradicar la marginación y la desigualdad y garantizar la atención a las situaciones de exclusión social.
“Solo si ponemos a su alcance alternativas educativas y laborales, con expectativas reales, podremos romper esas dinámicas perversas y desincentivadoras que les atan a esa realidad de pobreza”, ha aseverado Ruiz.
Récord de personas beneficiarias en dependencia.
La responsable andaluza de políticas sociales ha destacado que los resultados de este cambio de modelo pone a las personas y sus necesidades en el centro de la acción política ya se ha empezado a notar, como demuestra que se haya alcanzado la cifra récord de personas beneficiarias de la dependencia en 2021, con más de 258.000. Y que además se haya reducido la lista de espera en un 49%, casi la mitad, gracias a la apuesta por los cuidados profesionalizados y la creación de 2.168 nuevas plazas para atención a las personas mayores y la discapacidad en residencias y centros de día.
Según Ruiz, las políticas sociales se han convertido además en un poderoso motor económico “que permite el arraigo al territorio, rejuveneciendo entornos cada vez más envejecidos, y generan riqueza alrededor”. Así, movilizan 105.295 puestos de trabajo, el 3,6% de la masa laboral en Andalucía, y tienen un impacto económico de 3.905 millones de euros.
“A la luz de estos datos, comprobamos que dar oportunidades, formación y empleo a las familias vulnerables para que tengan la posibilidad de tener un proyecto de vida a través de la inserción social y laboral no es solo una obligación, sino que se nos presenta como una potente herramienta para contribuir al desarrollo económico de Andalucía”, ha resumido la consejera de Igualdad, para quien “una sociedad que pone las políticas sociales en el centro de su actuación y les confiere el lugar que merecen es una sociedad más justa, más sólida y más fuerte”.
